La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía marca un esperanzador inicio.
14-3-2008 – ABC
M. ASENJO. MADRID/MURCIA
La Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia no penalizará a los padres que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, según anunció ayer el responsable de este departamento, Juan Ramón Medina Precioso. Con esta decisión, Murcia se suma a la Comunidad de Madrid que, la pasada semana, expresó su decisión de, mientras el Supremo no se pronuncie sobre la objeción, eximir de la clase de Educación para la Ciudadanía y de la evaluación de la asignatura a los alumnos objetores. La iniciativa del Gobierno madrileño se produjo tras la sentencia, ahora recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, a instancias de unos padres de Bollullos del Condado (Huelva), reconoce el derecho a la objeción de conciencia para sus hijos y descarta cualquier tipo de sanción académica por no cursar la asignatura.
Contenidos alternativos
Además de anunciar su apoyo a los 541 padres que hasta ahora han objetado en Murcia, Medina Precioso indicó que planteará contenidos alternativos, consensuados con otras comunidades autónomas del PP, «que versen sobre la Constitución española u otros» para así lograr «que sean compatibles con la pluralidad de creencias y que los alumnos se sientan respetados y tranquilos». El consejero advirtió de que esto será así «hasta que el Tribunal Supremo no aclare a los gobernantes si cabe o no la objeción», informa Ep.
Junto a estas afirmaciones, el máximo responsable de la educación en la región murciana resaltó su obligación de «aplicar las leyes que emanan de las Cortes», porque «no puede ser que un consejero aplique la ley como le plazca». Con todo, explicó que en el caso de Educación para la Ciudadanía, «puede que haya un quebrantamiento de un derecho fundamental de las personas, que es elegir el tipo de educación moral para sus hijos». Confesó que no sabe si es así, pero si lo fuera, «merece alguna clase de protección por parte de la Consejería».
También ayer, Esperanza Aguirre negó en la Asamblea regional que esté alentando la objeción de conciencia, como sostiene IU. Aseguró que va a «cumplir la ley de manera estricta» y, al mismo tiempo, «dar una respuesta a estos 1.500 padres [los objetores de Madrid] que consideran que esta asignatura es una intromisión en su derecho constitucional a elegir para sus hijos una educación religiosa y moral acorde con sus convicciones».
