Ha asegurado que su partido está cometiendo «un error estratégico de fondo» al colaborar y participar en dichas reformas estatutarias.
11-10-2006-El Semanal Digital
Mientras en Génova andan con pies de plomo con todo lo referente a las reformas estatutarias, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo se descuelga con unas declaraciones de impacto.
10 de octubre de 2006. La consigna desde hace tiempo en la dirección del PP es hacer el menor ruido posible en los procesos de reformas estatutarias, principalmente en aquellas que han contado con el apoyo de los populares, como el Estatuto de la Comunidad Valenciana, el de Baleares y el de Aragón. En plena negociación en el Congreso de la reforma del Estatuto de Andalucía (después de que éste saliera aprobado en las Cortes andaluzas con el rechazo del PP, que también votó en contra en la admisión a trámite en la Cámara Baja) el principal partido de la oposición vuelve a esgrimir diferencias de criterio en sus filas sobre la manera de abordar estos procesos impulsados por José Luis Rodríguez Zapatero desde que se inició la legislatura.
El que ha dado la voz de alarma y además públicamente ha sido el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, que en declaraciones este martes a los medios ha asegurado que su partido está cometiendo «un error estratégico de fondo» al colaborar y participar en dichas reformas estatutarias; una «segunda transición» –dice- impulsada por el Gobierno del PSOE como paso previo al pacto con ETA para que se apruebe el derecho de autodeterminación en el País Vasco.
El mensaje que el PP está intentando hacer calar estos últimos días es el de que su apoyo a dichas reformas no se sobrepasará nunca los límites marcados por la Constitución. Así lo vienen afirmando Mariano Rajoy y Ángel Acebes, que no ignoran las críticas surgidas en determinados sectores de su partido, como muestran las declaraciones de Mayor Oreja. No obstante, el caso andaluz revierte un mayor compromiso ya que el texto que salga de las Cortes deberá ser refrendado, por exigencia estatutaria, en una consulta popular que se espera se celebre el próximo mes de febrero.
Mantener el equilibrio no es fácil. El presidente del PP prepara además una propuesta de reforma constitucional que incluiría en su programa para las Generales de 2008, con el objetivo de «frenar» la deriva de ese «Estado residual», concepto que curiosamente fue pronunciado por primera vez por el socialista Pasqual Maragall y que ahora se ha convertido en una de las frases más repetidas en Génova.
Por lo pronto, y en el caso andaluz, ya se ha endurecido la postura inicial en el Congreso, en el que la semana pasada parecía que podía haber entendimiento entre los dos grandes partidos. Al respecto, el portavoz Eduardo Zaplana ha asegurado que el acuerdo con el PSOE es «tremendamente complicado» si lo que se pretende es incluir el término «realidad nacional» en el preámbulo.
Este miércoles proseguirán los trabajos del informe que saldrá de la ponencia. El trámite seguirá con el dictamen que elabore la Comisión Constitucional para ser elevado después al Pleno de la Cámara, con el propósito, tal y como ha trasladado a los ponentes el presidente de dicha comisión, Alfonso Guerra, de que se vote antes del próximo 5 de noviembre, informan fuentes parlamentarias. Al celebrarse la próxima semana el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, y la siguiente en la que no hay Pleno, tan solo quedaría la semana del festivo 1 de noviembre, fechas en que quizá se celebré finalmente la votación del texto para su paso al Senado.
