La Voz de Barcelona
El Gobierno autonómico ha aprobado este martes una propuesta de contrato para la gestión ferroviaria de Cercanías y Regionales durante el período 2011-2015, propuesta que ahora será trasladada al Gobierno y que supondría un cambio en la relación contractual actual entre la Generalidad y Renfe, empresa que presta el servicio
En 2009, Gobierno y Generalidad acordaron el traspaso del servicio de Cercanías, que se hizo efectivo a principios de 2010, mientras que la gestión de Regionales está en manos del Ejecutivo autonómico desde enero de 2011. Sin embargo, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder (CiU), ha asegurado no compartir los términos del traspaso -que ha calificado de “pseudotraspaso”- porque “no da instrumentos suficientes” a la Generalidad “para poder mejorar de forma sustancial el servicio”.
La Generalidad no aceptará ningún acuerdo que no recoja estas propuestas
Las pretensiones del Ejecutivo autonómico pasan porque el Gobierno aumente su aportación para los servicios de Cercanías y Regionales en Cataluña -y que han estimado en 143 millones para este año, con un incremento progresivo hasta los 164 millones en 2015-; que el Congreso modifique la ley nacional del sector ferroviario para que la Generalidad pueda sustituir Renfe por otra operadora -y sancionarla si lo estima oportuno-; que el Gobierno cumpla los compromisos de inversión previstos en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015; que la Generalidad tenga potestad en la negociación de los convenios para la gestión de las estaciones; y la implantación progresiva de servicios de cercanías en Gerona, Lérida y Tarragona.
Recoder ha insistido en que estas condiciones son irrenunciables por parte de la Generalidad, por lo que, no firmarán ningún acuerdo que no incluya estas pretensiones. Sin embargo, ha destacado “la buena voluntad” exhibida por la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), en sus últimas declaraciones.
Priorizar las comunicaciones en catalán, primera medida para mejorar Cercanías
El Gobierno autonómico ha concretado las medidas que exigirá a la operadora que asuma el servicio para ‘garantizar la calidad’ de Cercanías y Regionales. Sorprendentemente, la primera de ellas es la de ‘garantizar el uso prioritario del catalán en la relación con los viajeros’. Un requisito que, además de tener poco que ver con los retrasos de los trenes, choca frontalmente con lo dictado por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto, donde estableció que ninguna de las dos lenguas oficiales puede ser ‘preferente’ por parte de las Administraciones Públicas.
A continuación, exigirá la incorporación de ‘obligaciones de información sobre el servicio y sus incidencias a través de teléfono, SMS, web y redes sociales’. También reclamará una ‘mejora en la respuesta en caso de avería, obligando a tener un servicio sustitutorio por carretera cuando la previsión de resolución de la avería supere los 90 minutos’. Por último, establecerá la devolución del precio del billete en caso de retrasos de más de 15 minutos.
