La Voz de Barcelona

“En términos legales, ante una ley del Parlamento [autonómico] de Cataluña que hipotéticamente contradiga una ley del Parlamento español, el Gobierno [autonómico] seguirá la legalidad del Parlamento [autonómico] de Cataluña. Y no nos dejaremos decir que no es legal lo que estamos haciendo, porque defendemos que somos una nación y entendemos que la voluntad democrática expresada pacíficamente está por encima de todo. […] Nosotros creemos que el derecho a decidir reside en el Parlamento [autonómico] de Cataluña. Por tanto, hemos de ser consecuentes con esto”.

Con estas palabras, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), confesaba, en una entrevista publicada el pasado 22 de mayo en el diario Ara, el desprecio de la formación nacionalista al Estado de derecho y la jerarquía normativa, un planteamiento que, lejos de quedarse en una simple declaración de intenciones, es una práctica cada vez más habitual por parte del Gobierno autonómico.

Actuar como si Cataluña fuese un estado independiente

La “transición nacional hacia el derecho a decidir” planteada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), como su principal objetivo político a medio plazo, pasa por actuar como si Cataluña fuese un Estado independiente, tal y como ha reconocido en más de una ocasión el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol.

En este sentido, Mas ha subrayado este martes la importancia de que la legislación autonómica se avance a las normas que se aprueben a nivel nacional para así blindarse frente a unas supuestas invasiones competenciales “constantes” por parte del Ejecutivo:

“El Gobierno [autonómico] de Cataluña y las instituciones catalanas necesitan protegerse también en su actuación para poder defender las competencias y para poder defender la anticipación de determinadas decisiones. Nos deberíamos anticipar a algunas cosas que sabemos que pasarán para, de esta forma, fijar nuestra posición y tener la norma propia, pero sabiendo que nuestra forma de acabar teniendo la norma acaba siendo mucho más, a veces, farragosa, tal vez garantista también, y eso es bueno en este sentido, pero en cualquier caso más farragosa, que otros gobiernos que están actuando de otra forma, y que algunas veces esta actuación nos está debilitando nuestra capacidad de autogobierno”.

El líder de CiU ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe de 2011 de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, unas críticas que se referían especialmente a los últimos decretos-ley sobre educación y sanidad, y que el Ejecutivo autonómico no ha descartado llevar ante el Tribunal Constitucional.

La Generalidad ignora la legalidad vigente en materia lingüística

Sin embargo, las amenazas de los dirigentes nacionalistas no son simplemente palabras. La realidad es que la Generalidad actúa desde hace tiempo en diversos ámbitos como si no existiese una normativa nacional de rango superior a la autonómica, y el caso más evidente es el lingüístico, materia que Mas ha calificado siempre como una de las “líneas rojas” que no permitirá cruzar a ninguna ley ni ningún tribunal nacionales.

De hecho, la Generalidad sigue aplicando impunemente la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reiterado en innumerables ocasiones que es ilegal la prohibición del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña.

El argumento utilizado por CiU es que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) avala la inmersión, obviando que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto modificó de facto ese régimen lingüístico.

Si la inacción de los diferentes gobiernos y tribunales ante estos flagrantes desacatos a la ley es sorprendente, no lo es menos la posición del PSC en este ámbito. El ex presidente de la Generalidad José Montilla, al igual que ahora hace Mas, propuso en su momento burlar la doctrina del Constitucional mediante ‘soluciones legislativas’ alternativas, asegurando que el Alto Tribunal se había “extralimitado” de sus funciones.

‘Uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España’

El ex ministro de Justicia Francisco Caamaño (PSOE) tuvo que recordar el pasado viernes, durante unas jornadas sobre ‘derecho a decidir’ organizadas por la Fundació Rafael Campalans, que la Constitución no otorga competencias exclusivas a las CCAA, sino que establece aquellas que ‘podrán asumir’, siempre limitadas al control de las mismas por parte de las Cortes Generales -mediante leyes marco y de armonización- y de los tribunales, ‘aun en el caso de materias atribuidas a la competencia’ de las CCAA, subraya la Carta Magna.

La periodista Victoria Prego consideró la semana pasada que la insumisión de la Generalidad frente a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar es ‘uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España sin que desde el poder Legislativo nadie haya dado todavía señales de haber comprendido la extraordinaria capacidad destructiva que tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se haya puesto inmediatamente a resolverlo’.

Mas alardea de que incumplirá las sentencias contra la inmersión
Este mismo miércoles, Mas ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno autonómico celebrada en la Cámara autonómica que no piensa acatar ninguna sentencia que afecte a la inmersión obligatoria:

“No habrá ni un paso atrás en este modelo de inmersión en catalán. Puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera, pero el modelo es el que es, está socialmente aceptado por parte de más del 90% de la sociedad catalana y de una amplísima mayoría de esta cámara. Y, sobre todo, una cosa que sería un argumento jurídico, además, que es que hay una ley que se llama Ley de Educación de Cataluña, también ampliamente votada por esta Cámara y vigente, que está por encima de cualquier decreto que pueda estar impugnado, y esta ley no ha sido impugnada, y por tanto, el curso que viene se aplicará la ley, que quiere decir que no se tocará nada respecto a lo que hay ahora desde el punto de vista de la inmersión lingüística en catalán“.

La pregunta que se deriva de las palabras del presidente autonómico es evidente: ¿Actuarán el Gobierno o los tribunales para restablecer la legalidad vigente en Cataluña? Todo apunta a que eso no sucederá a corto plazo.