Una resolución pactada por CiU y ERC insta a preparar una nueva ley para poder realizar consultas ciudadanas burlando la preceptiva autorización del Gobierno.
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, durante el Debate de PolÃtica General celebrado esta semana en el Parlamento autonómico de Cataluña (Foto: parlament.cat).
Redacción
Viernes, 30 de septiembre de 2011 | Presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley para regular ‘las consultas populares que no se hagan por la vía de referendo’ con el objetivo de dar ‘apoyo legislativo a un proceso de ratificación ciudadana de la propuesta de pacto fiscal […] equiparable al [modelo] vasco y navarro’. Esta es una de las pocas propuestas de resolución que este jueves pudieron ser aprobadas en el Parlamento autonómico de Cataluña antes de que el caos en el sistema de votaciones obligara a suspender la sesión final del Debate de Política General.
La moción fue pactada por CiU y ERC, pero también recibió el apoyo de ICV-EUiA, Solidaritat y Laporta, y el voto en contra del PSC, PP y Ciudadanos. Además, especifica que por ‘pacto fiscal’ se entiende la asunción por parte de la Generalidad de las competencias sobre la ‘exacción, recaudación, gestión, liquidación, inspección y revisión’ de todos los tributos generados en Cataluña, e insta al Gobierno autonómico a crear un grupo de trabajo antes del 30 de noviembre para ‘evaluar y proponer’ la base de cálculo para establecer el cupo que la Generalidad pagaría a la Administración General del Estado.
Evitar la autorización del Gobierno
De esta forma, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, establece su hoja de ruta para los próximos meses con el objetivo de conseguir el concierto económico -su propuesta estrella de las pasadas autonómicas-, muestra su acercamiento a ERC en esta cuestión, y amenaza con realizar un referendo ilegal con el que presionar al próximo Gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre.
En junio pasado, el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, reconoció que estaban trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Consultas que, a diferencia del actual -que, además, está recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional-, permitiese al Ejecutivo autonómico burlar el preceptivo permiso que hay que solicitar al Gobierno antes de convocar una consulta de este tipo.
Un pseudo-referendo para eludir la ley
Una de las fórmulas que se barajan desde CiU para saltarse este control sería el de forzar la legislación vigente al máximo, en lo que supondría un evidente fraude de ley. Así, tomando como ejemplo los referendos independentistas organizados en los últimos dos años, la nueva Ley de Consultas huiría de la denominación ‘referendo’, crearía un registro de consultas ciudadanas en sustitución del censo electoral oficial, y establecería un ‘consejo de consultas ciudadanas’ en vez de la junta electoral.
Mientras tanto, una comisión del Parlamento autonómico de Cataluña estudia una propuesta de concierto económico para la Generalidad que, a pesar de ser inconstitucional, no contó con la oposición del PP y del PSC, que se abstuvieron en la votación sobre su creación en mayo pasado. El PSC, además, apoyó a CiU y ERC para establecer que esta comisión se celebre a puerta cerrada, sin que los medios puedan tener acceso a sus deliberaciones y comparecencias.
