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El comunicado de ETA no menciona la palabra «víctimas». Ellas, representadas en los colectivos que se han convertido en el paradigma del sufrimiento de 51 años de terror, reaccionaron ayer con un sentimiento de profunda decepción y de extrema desconfianza ante el anuncio de la banda, que no incluye su disolución. Lo comunicado en el «histórico» día del 20 de octubre de 2011, —advertía José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo—, «es fruto de un proceso soterrado» que, a su juicio, conducirá a un final en el que «los vencidos son las víctimas y los vencedores, los asesinos de ETA».
El temor amargo a que este último movimiento exhibido por los asesinos sea parte de otra trampa ha empañado cualquier atisbo de esperanza. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) subrayaba que estamos ante «más de lo mismo» y que, en todo caso, hay solo «un paso más en el lenguaje» de ETA que encierra una nueva oportunidad para que sigan hablando de «conflicto» y de «negociaciones».
«Era muy fácil decir que se disolvían, que entregaban las armas, que pedían perdón a las víctimas y que cumplirían con la Justicia. Esto sí habría sido una buena noticia», lamentaba Pedraza. Pero ninguna de esas aspiraciones legítimas figura en el comunicado de los pistoleros que, como subrayó el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, «no se han entregado y están en la clandestinidad».
Sombra de negociación
«Es más de lo mismo —añadía el hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero—, porque la disolución exige una entrega de las armas y los zulos que los terroristas no han llevado a cabo». Y añadía su sospecha de que el anuncio de ayer demuestra que «se están dando pasos hacia unas negociaciones claras entre el Gobierno socialista y la banda terrorista».
Respecto a ese supuesto fue especialmente rotundo Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, uno de los dos guardia civiles muertos en el último atentado de ETA (Palmanova, 30 julio de 2009), que dio por hecha la existencia de un acuerdo. Según su criterio, ha habido «una negociación en toda regla» entre la banda y el Gobierno. «Ahora veremos las condiciones que les dará el Ejecutivo», aseveró, al tiempo que sostenía que los etarras pueden «volver a asesinar» cuando se encuentren con que «no se puede dar» la independencia al País Vasco. La única solución, dijo, será que ETA «desaparezca del mapa».
Desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), su presidente, José Vargas, expresó igualmente su decepción por la ausencia en el comunicado de la exigencia de que la banda se disuelva y entregue las armas. El único anuncio al que darán credibilidad, reiteró, será el que incluya ese compromiso, sin petición a cambio de negociación política alguna. «Debe haber vencedores y vencidos», defendió Vargas, superviviente del atentado de Hipercor, para quien el texto difundido ayer por los etarras lo que hace realmente es apoyar la «mal llamada» Conferencia Internacional para la Paz celebrada recientemente en San Sebastián.
Ambiguo
La Unión Progresista de Fiscales celebró el comunicado de ETA aunque estimó que es un «poco ambiguo» en la medida en que habla de abandono de la violencia y de un conflicto que «no existe porque, —declaró la portavoz del colectivo, María Moreto—, los que están condenados tienen que cumplir sus condenas».