Madrid es la única con competencias en materia de Justicia que no ha firmado aún el acuerdo.
24-10-2006-La Razón
Madrid- Las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de Justicia consideran que deben tener un papel mucho más importante en todo lo que supone el diseño del «mapa judicial», en lo relacionado con el crecimiento de la Planta y Demarcación Judicial, es decir, con la creación de los nuevos juzgados.
Éste es uno de los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Comisión de Coordinación, que se celebró en Bilbao, de las nueve comunidades que tienen esa competencia. Este acuerdo ha sido trasladado a la Comisión Permanente del CGPJ. Sólo Madrid se reservó la adhesión al acuerdo suscrito, por lo que la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María José Cejuela, no firmó el texto acordado.
En el documento suscrito se esgrime que la cercanía de las comunidades autónomas a la «realidad de la Administración de Justicia y sus necesidades de medios para solventar las cargas de trabajo» las convierte en un «observador privilegiado para constatar la prioridades de crecimiento» de la Planta y Demarcación judicial. «Ello es razón suficiente para atribuir la competencia decisoria a las mencionadas comunidades», se concluye al respecto.
Sobre esta reclamación, fuentes del grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial la rechazaron de plano, ya que «se trata de una competencia del Estado. Una cosa es que las comunidades, como el propio Consejo, puedan ser oídas, que sí es fundamental, y otra muy distinta asumir una competencia que la Constitución reserva en exclusiva para el Estado».
Competencia sobre personal
Pero esa no es la única reivindicación de los responsables de Justicia de esas ocho comunidades, ya que también reclaman «la transferencia de la gestión de la cuenta de consignaciones y depósitos, así como de las tasas judiciales». Y, de la misma forma, también reclaman que se lleven a cabo las modificaciones legales oportunas que posibiliten «la competencia plena autonómica sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia».
Por otro lado, pero de cierta forma relacionado directamente con lo anterior, en uno de los primeros puntos del acuerdo suscrito por las comunidades autónomas, éstas reclaman al Gobierno la necesidad de desarrollar «las competencias autonómicas plenas y directas, con el fin de garantizar la calidad de la prestación del servicio público de la Administración de Justicia, en especial en la gestión de los medios personales».
La cuestión del uso de las distintas lenguas oficiales ha sido otro de los temas abordados. Al respecto, los responsables de Justicia de las citadas comunidades acordaron «promover la normalización del uso de todas las lenguas del Estado, en sus respectivos territorios, en la actividad diaria de la Administración de Justicia».
Así, se sostiene que la reforma de la Administración de Justicia debe servir también a la prestación del servicio público «en todas las lenguas del Estado, en sus respectivos territorios, y tener esta circunstancia su reflejo en las relaciones de puestos de trabajo».
También hay un especial llamamiento a la necesidad de «reflexionar sobre el papel del secretario judicial como elemento imprescindible en la nueva organización de la oficina judicial».
