Las Fuerzas de Seguridad tienen fichados a 11.500 delincuentes pertenecientes a 482 grupos organizados.
23-09-2007-La Razón
Madrid- La delincuencia organizada en España comienza a adquirir tintes nada halagüeños. La Fiscalía ha dado la voz de alarma al constatar que los medios actuales y las medidas adoptadas «adolecen en muchos aspectos de eficacia» y no han contribuido a frenar el auge de esos grupos. Y, junto a ello, el mensaje de la necesidad de prestar una especial atención a la grave evolución de «numerosas bandas juveniles» que, hasta ahora, centraban sus actividades delictivas en reyertas entre grupos rivales. Pero los factores sociológicos en los que se desenvuelven muchos de sus miembros, caracterizados por la desocupación laboral, la procedencia de familias desestructuradas y la marginación social en que se encuentran, «hacen temer por su futura integración en organizaciones criminales».
Los datos, desde luego, no invitan al optimismo. El pasado año las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identificaron a 482 grupos dedicados a delincuencia organizada, lo que supone un aumento del 2,3% respecto a 2005, y en el 74% de los casos no habían sido vinculados policialmente, hasta ahora, a esos grupos. Casi 11.500 individuos fueron investigados por su relación con esas bandas.
Las informaciones recogidas respecto de esos 482 grupos criminales analizados en el 2006 imputan a éstos un total de 1.074 delitos, lo que se traduce en una media de 2,2 por cada grupo investigado, lo que revela la multiactividad de los grupos organizados.
El 47%, españoles
Por lo que se refiere a las nacionalidades de los individuos que participaron en los 482 grupos de delincuencia organizada detectados, se lograron identificar a 5.446 delincuentes españoles que estaban integrados en los mismos, lo que representa el 47 por ciento de la totalidad. Y, además, en el 55 por ciento de esos grupos tienen un «papel relevante».
En un segundo escalón sobresale la mayoritaria presencia de grupos criminales de ciudadanos colombianos, marroquíes y rumanos. Es relevante, señala la Fiscalía, la «consolidación» de los individuos investigados originarios de Rumanía al contabilizar 906, tan sólo por detrás de los españoles.
En cuanto a la implantación de los grupos de delincuencia organizada, es distinta de unas zonas a otras, dependiendo de diversos factores, principalmente de orden socio-económicos. Así, a título de ejemplo, en La Rioja se detectaron organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas, cuya actividad consiste en la captación de trabajadores portugueses de la región de Oporto con el fin de su explotación laboral en labores agrícolas en el Valle del Ebro.
En relación con la ilícita entrada de extranjeros en nuestro país, en Gerona se ha detectado la existencia de una «actividad organizada» en la que distintos individuos contactan en países del Este con trabajadores que van a ser trasladados hasta España en autobuses, «que en muchas ocasiones llegan coordinadamente a la frontera». A esos inmigrantes, las mafias de la inmigración ilegal les entregan «temporalmente» una suma de dinero «para aparentar solvencia» y les facilitan datos de hoteles «para simular una estancia turística» en España.
«Grupos complejos»
Hasta el momento no se ha podido acreditar que esas acciones ilegales sean desarrolladas por «grupos complejos con infraestructura y jerarquía». Sin embargo, la captación de tantos millares de personas, su transporte en idénticas o similares condiciones y la posterior facilitación de contactos en España, no son actos aislados y meramente coincidentes, sino que existen unas tramas responsables de la migración clandestina y la posterior explotación de los extranjeros».
Las cifras de delincuencia organizada y su cada vez mayor implantación en España, con las consecuencias que de ello se derivan, es lo que ha motivado a la Fiscalía a plantear la necesidad de estudiar la posibilidad de acometer nuevas actuaciones «ante la constatación de que, a pesar de la reacción internacional ante el fenómeno, los grupos organizados se han extendido y diversificado». Por ello, señala el Ministerio Público, «posiblemente haya llegado el momento de comenzar el estudio de nuevas formas de afrontar la situación».
En concreto, se proponen medidas como la creación de unidades especializadas, la eliminación de «campos de impunidad», la elaboración de una estructura judicial «suficiente y especializada», un marco procesal adecuado, así como otorgar una «cobertura jurídica precisa para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan cumplir con eficacia sus funciones de prevención e investigación de la delincuencia organizada».
Y todo ello, concluye el Ministerio Público, tras constatar que la respuesta de los estados afectados «no ha sido suficiente» para hacer frente de forma eficaz a ese fenómeno delictivo.
