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LA RAZÓN, 26-10-2008

C. S. Macías/ I. Fernández

MADRID- La imposición del idioma que se está desatando en las comunidades que conviven con lenguas cooficiales en España «no es un problema lingüístico, sino político». Y es que «los nacionalistas imponen su modelo no porque odien el castellano, sino porque odian España». Así de rotundo sonó ayer, desde el Recinto Ferial de Madrid (Ifema), el mensaje de diversas plataformas que defienden la libertad lingüística en España; de padres y madres venidos de Galicia, País Vasco, Baleares, Cataluña o Valencia; y de un grupo de intelectuales, que aunaron sus voces para reivindicar, una vez más, «libertad».
Porque, lo que está en juego va más allá del uso de la lengua común, lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas recogidos en la Constitución, de los que «se nos está privando», denunciaron.

El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y diputado vasco por el PP, Santiago Abascal, acusó a los partidos nacionales de transigir en la «marginación del español» en algunas comunidades. Así lo aseguró durante la inauguración de las jornadas sobre el español en España ante la «penetración de los partidos separatistas, que sólo buscan erradicar el español».
Por su parte, el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, denunció que «el Gobierno vasco está gastando 200 millones de euros en política lingüística, el mismo dinero que el Ejecutivo de Zapatero dedica al fondo de integración para los inmigrantes». Y no se quedó ahí. Lasquetty tachó de «crueldad» que en ciertas regiones los inmigrantes tengan que aprender otra lengua con la «excusa de la integración», y lamentó la «embestida nacionalista por desterrar el español».

Pero los verdaderos protagonistas no fueron ni los políticos ni los intelectuales, sino gente de a pie que ha visto cómo ha cambiado su vida por la imposición lingüística. «He venido aquí como madre», dijo Maite González, miembro de la Plataforma por la Libertad de elección lingüística del País Vasco, antes de comenzar el relato de su historia ante más de 300 personas. Esta madre vasca ha vivido siempre en Vitoria, ha cantado villancicos en euskera, ha formado una vida en una comunidad que dice «es preciosa». Pero, desde hace casi dos meses se mudó a Logroño, dejando una casa que aún no ha podido vender para irse a otra de alquiler. «Llevo 57 días en el exilio y estoy muy feliz», comentó de manera enérgica. «Ahora sí he terminado mi fase de normalización», ironizó mientras las risas inundaban la sala. Pero duraron poco. «Mis hijos no son cobayas humanas con las que los nacionalistas pueden experimentar en el sistema educativo; a mí si me importan», lamentó entre sollozos. Es por ellos por quienes ha «emigrado», porque estudiar en un idioma que no es el materno dificulta la enseñanza y conlleva al fracaso escolar.

«Es estúpido que no podamos estudiar en castellano», enfatizó por su parte Jorge Campos, miembro del «Círculo Balear». Y argumentó: «El 83 por ciento de los padres en Baleares quieren elegir la lengua en la que educar a sus hijos; en cambio, el 90 por ciento de los colegios imponen el cien por cien de la enseñanza en catalán, es absurdo». Tan absurdo como que «para ser médico de la sanidad pública cuente más saber hablar catalán que un doctorado. ¡Y en Baleares faltan 300 médicos!», criticó.

Además, Baleares se siente «colonizada por Cataluña, por su política y por su cultura», comentó una madre castellanoparlante que vive desde hace 19 años en las islas. «Ya no se habla mallorquín, sino catalán. Me siento forastera de mi propia comunidad», dijo.

¿Cuál es la solución? Calificativos como «idiota», «Zapatero está haciendo el ridículo vendiéndose a los nacionalistas» o «los partidos mayoritarios no hacen nada» comenzaron a oírse entre los interventores. Por su parte, el escritor Jesús Lainz lo dejó claro: «En un pueblo donde se persigue a tiros a las personas -en alusión al País Vasco- ,¿cómo no se va a perseguir a las palabras?».
También los políticos se acercaron hasta este foro de debate para ofrecer sus propuestas. A excepción, eso sí, del PSOE e IU, que prefirieron no asistir.

El punto álgido llegó cuando el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se dirigió a los presentes y aseguró que su partido mantiene el compromiso de garantizar la igualdad de los españoles a estudiar en castellano. «¡Que lo diga Rajoy!», le replicaron desde el aforo, a la vez que le pedían que se marchase mientras otros reclamaban silencio. Alonso suplicó «paciencia» y le volvieron a replicar: «¿Con quién? ¿Con los enemigos de España?».

Los ánimos tampoco estaban calmados cuando intervino Jordi Cañas, portavoz de Ciudadanos. El ataque al castellano se produce «por los partidos nacionalistas y por el silencio del PP y del PSOE», dijo. «¿Y en el Parlamento ustedes hablan en castelllano en vez de en catalán?», gritó una voz al fondo. «Claro que sí», contestó Cañas que, más tarde, fue aplaudido al anunciar que «no flaquearán jamás en la defensa de la libertad de los conciudadanos».