El Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, en informe de septiembre de 1996, observaba como un motivo de especial preocupación que en Cataluña y en el País Vasco «a los niños


La normalización de la escuela catalana

Francisco Caja, Pte. de Convivencia Cívica Catalana

El Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, en informe de septiembre de 1996, observaba como un motivo de especial preocupación que en Cataluña y en el País Vasco «a los niños de la minoría castellana les puede resultar difícil recibir la educación en su lengua materna». De igual manera, y en fecha más reciente, el Informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en enero de 1999 ha denunciado las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y el País Vasco, «cuando se trata de recibir una educación en castellano en las escuelas». Lo mismo dice la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su informe del año 2000 sobre derechos humanos en el mundo. Desde entonces las cosas han empeorado: los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano, que se les imparta la asignatura de castellano, deben acudir a los tribunales de Justicia para hacer efectivo ese derecho elemental, como pone de manifiesto la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El gobierno catalán y el presidente Zapatero niegan cualquier problema lingüístico en las escuelas catalanas. Mienten y de manera premedi-
tada. La mayoría de la ciudadanía catalana ha mostrado de forma constante y reiterada su disconformidad con la política lingüística escolar de la Generalidad de Cataluña. Diversos estudios, entre los que cabe destacar el estudio 22298 de CIS sobre «Usos de lenguas en comunidades bilingües: Cataluña, La familia española ante la educación de sus hijos», dirigido por el sociólogo Víctor Pérez-Díaz; y «Cataluña en la España actual: percepciones y actitudes ciudadanas», encargado por la Generalidad de Cataluña, vuelven a poner de relieve la grave diferencia entre las preferencias lingüísticas de los padres sobre la lengua en la que sus hijos deben recibir la educación y la realidad de la escuela en Cataluña.
El estudio de Pérez-Díaz pone, en efecto, de relieve, una vez más, el inequívoco deseo de la ciudadanía catalana de un «reequilibrio» (el término es de los autores del estudio) entre las lenguas común y vernácula, confirmando así -si no en el detalle, al menos en cuanto a lo esencial- los datos de la última encuesta del CIS. En este estudio el grado de desacuerdo con la política lingüística escolar del gobierno de la población catalana es de tales dimensiones que debería causar verdadero escándalo: ante la afirmación de que en las escuelas públicas de Cataluña la enseñanza debe darse (sic) sólo en catalán, el 27,5% de los encuestados afirma estar más bien de acuerdo, mientras que un 69,9% se muestra más bien en desacuerdo. En el estudio de Pérez-Díaz, el 39% de los padres afirma preferir el catalán como lengua «vehicular» exclusiva o preferente, un 24% una enseñanza bilingüe, y un 30%, el castellano, exclusiva o preferentemente. Por su parte, en la encuesta de la Generalidad sobre la imagen de Cataluña en España, antes citada, el 44,7% de los encuestados en Cataluña sostiene que «la enseñanza del catalán debería ser voluntaria», frente al 52% que avala su obligatoriedad.
El Gobierno catalán no sólo niega estas evidencias, sino que obstaculiza por todos los medios hasta la posibilidad misma de reclamar la enseñanza en su lengua materna a los castellanohablantes. Otra sentencia del TSJC de 2004 obligaba a la administración escolar catalana a «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preins-
critos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñanza», tras la «astuta» eliminación por la Consejería de Educación del correspondiente casillero con esa pregunta. Los padres castellanohablantes no pueden, en estas condiciones, ni se atreven a solicitar ese derecho, ni tendrían por qué solicitarlo si la escuela catalana estuviera normalizada democráticamente.
La Generalidad sabe, son cifras oficiales, que el 53% de sus ciudadanos, que la mayoría de los escolares catalanes tiene como primera lengua el castellano (61% en el área metropolitana de Barcelona, en la que viven 4,2 millones de ciudadanos). Y que está obligada por ley a garantizar el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, a poner los medios para hacer efectivo ese derecho. Pero la primera medida que adopta para hacer efectivo ese derecho es suprimir la pregunta por la lengua habitual del niño en el impreso de preinscripción. O lo que es lo mismo: no quiere saber nada de la lengua habitual del niño. ¿Con qué objetivo? Imponer exclusivamente a los castellanohablantes la carga de tener que pedir expresamente y a su cuenta y riesgo el que sus hijos sean educados en castellano. Pero esta fórmula no puede esconder una evidencia: los padres catalanohablantes tampoco solicitan (porque la Generalidad ha suprimido para ellos también la casilla relativa a la lengua habitual) la lengua en la que deben ser educados sus hijos y, sin embargo, la Generalidad garantiza y dispone de los medios adecuados para que sus hijos se eduquen en catalán en la primera enseñanza.
Este innegable trato desigual, discriminatorio de los derechos de los castellanohablantes, es, sin embargo, justificado con los más peregrinos argumentos por el nacionalismo político y académico, argumentos que pueden reducirse (al absurdo) a un mismo denominador común: la mejor manera de garantizar el derecho de los niños castellanohablantes a recibir la primera enseñanza en su lengua es enseñarles desde el primer momento en lengua catalana. Y ello porque la única manera de garantizar los derechos de los catalanohablantes es sacrificar los derechos de los castellanohablantes. Esta es la lógica que preside la política que los nacionalistas denominan de «normalización» lingüística, ni más ni menos. Éstas son las cuentas del nacionalismo: la nación exige grandes sacrificios (de los que no son nacionalistas). En una sociedad democrática existe una receta mucho más simple: el bilingüismo, lo que técnicamente se denomina «modelo de conjunción lingüística», es el modo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley con independencia de que sean catalanohablantes o castellanohablantes.
La conjunción es una fórmula que, para ser compatible con el derecho a la enseñanza y el libre desarrollo de la personalidad del educando, tiene que sujetarse a unas condiciones muy estrictas: debe, en primer lugar, asegurar al alumno, al final del proceso educativo, una igual competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. En segundo lugar, a pesar de que la proporción en el empleo de las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares puede variar en razón de las exigencias del resultado final, ello no autoriza en ningún caso la exclusión de una de las lenguas como lengua docente. Y, finalmente, la primera enseñanza del niño debe ser impartida en su lengua habitual.
Sólo así se habrá logrado la normalización democrática de las escuelas en Cataluña. Mientras tanto, la sociedad catalana seguirá siendo una sociedad desigual e injusta, como prueban los recientes datos del informe PISA 2003 de la OCDE: el fracaso escolar de los catalanohablantes en Cataluña es del 18,6%, el de los castellanohablantes del 42,6%. 24 puntos de infamia social.