‘¿Quién no estaría dispuesto a pagar gustosísimo ese ridículo precio, que quedaría por otra parte compensado por el rédito político que una posición de rebelde por la patria reportaría al sancionado? Es evidente que el señor Mas lo tiene muy fácil. Y más fácil lo va a tener desde el punto de vista político porque, en su visita del jueves a Barcelona, el señor Rajoy ha dicho que en la polémica de la cuestión lingüística se está exagerando mucho’.
Andreu Caballero
Domingo, 18 de septiembre de 2011 | Cataluña no es independentista. No es solo porque lo dijera el primer presidente de la Generalidad tras la recuperación de la democracia, Josep Tarradellas (ERC), tal y como ha recordado este sábado la ministra de Defensa, Carme Chacón (PSC), sino que, hoy día, en 2011, las cifras demuestran que en Cataluña el independentismo no se ha movido, en cantidad, desde los primeros años 80, cuando el nacionalismo llega al poder y aplica sus recetas a la sociedad catalana. Entonces, ¿dónde está el problema? En la ley, en el incumplimiento de la ley.
En España, si un funcionario no cumple la ley, en la mayoría de los casos, la pena es casi nula. ¿Qué ocurriría si el Parlamento autonómico de Cataluña, o cualquier otro, o cualquier ayuntamiento por ejemplo, se declarase mañana mismo un territorio independiente? Resultaría evidente que esa institución se estaría saltando varios artículos de la Constitución -por no decir toda entera- pero ¿qué ley infringiría? Y, sobre todo, qué pena tendría y quién la aplicaría. Lo explica, este domingo, Victoria Prego en un artículo en El Mundo.
ArtÃculo de la periodista de ‘El Mundo’ Victoria Prego en el que reflexiona sobre la debilidad del sistema democrático español ante los incumplimientos de las leyes por los partidos polÃticos independentistas.
Más fácil desacatar que cumplir la ley
La periodista Prego apunta el motivo por el que el máximo responsable del Supremo se ha visto en la necesidad de recordar lo más básico de la formación, defensa y mantenimiento de un estado democrático: ‘La realidad que nadie menciona es que el sistema democrático de la España constitucional no dispone de los instrumentos legales de defensa efectiva necesarios para impedir que la desobediencia a los tribunales le salga baratísima, casi gratis, al funcionario que la cometa’. Desde 1995, cualquier funcionario que se niegue a cumplir las leyes será inhabilitado (entre seis meses y dos años) y multado. Nada más. No parece una pena que pueda suponer impedir cometer un delito:
‘¿Quién, con una política de inmersión lingüística que tiene como estrategia consolidada la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se echaría para atrás ante semejante sanción coactiva? ¿Quién no estaría dispuesto a pagar gustosísimo ese ridículo precio, que quedaría por otra parte compensado por el rédito político que una posición de rebelde por la patria reportaría al sancionado? Es evidente que el señor Mas lo tiene muy fácil. Y más fácil lo va a tener desde el punto de vista político porque, en su visita del jueves a Barcelona, el señor Rajoy ha dicho que en la polémica de la cuestión lingüística se está exagerando mucho’.
Sin embargo, para un país, la cuestión de la inmersión lingüística obligatoria y su incumplimiento sería soportable. Sería -lo es- solo un síntoma del desgobierno que reina en España. Pero, ¿es admisible y llevadero que los máximos responsables del Estado -desde el Gobierno a los gobiernos autonómicos y locales- incumplan las sentencias de los tribunales? En Cataluña está pasando desde 1994. En ese año, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia dejando claro que el modelo de inmersión lingüística obligatoria, exclusivamente en catalán, tal y como lo estaba aplicando la Generalidad -excluyendo la vehicularidad del español en las aulas-, no cabía en el ordenamiento jurídico español. El TC lo repitió en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. ‘Éste es el problema de fondo, gravísimo en sus consecuencias democráticas futuras, que ha llevado a Carlos Dívar a hacer una advertencia que pondría colorado de indignación a cualquier dirigente político francés, alemán, inglés o norteamericano’, añade Prego.
El sistema democrático español no dispone de una respuesta suficiente, eficaz y legal para los funcionarios -de oposición o políticos- que se niegan a cumplir las leyes; es decir, en España, la separación de poderes no existe como tal si los ejecutivos no aplican lo que los tribunales dictan. Nadie sabe (o nadie quiere responder) qué pasará si la Generalidad se niega a cumplir con las sentencias del Supremo (ahora por un motivo lingüístico, mañana puede ser un motivo de secesión):
‘La España constitucional tampoco tiene respuesta ni mecanismos de defensa para un supuesto que estamos viendo venir desde hace mucho y sobre el que ya se han hecho innumerables simulacros en Cataluña y un serio intento también desde el País Vasco. Me refiero al asunto de la independencia, formulado públicamente por el propio Artur Mas como un deseo que, de momento, sólo ha traducido acudiendo a votar a favor de la independencia catalana en una de las urnas montadas al efecto con el beneplácito de la propia Generalidad’.
Se intentó legislar en 2003. Se hizo y se establecieron las correspondientes penas por incumplir la Constitución en determinados aspectos. Por ejemplo, convocar un referendo ilegal, sin el permiso del Gobierno. En 2005 se derogaron esas normas. PSOE y PP creen que no es necesario legislar para que los políticos y los funcionarios cumplan las leyes (redactadas por los parlamentos e interpretadas por los tribunales). Los partidos nacionalistas e independentistas plantean sus propuestas y reciben los votos y apoyos que les corresponde, sin engañar y sin especular -más allá de cierto desquicio convergente-, pero no es a estos a los que hay que exigir que todos cumplan las normas.
