La Voz de Barcelona

La Agencia Catalana de la Juventud ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las becas Conéctate del Carné Joven 2012, que se otorgan a través del departamento autonómico de la Presidencia y de la Consejería de Bienestar Social y Familia, según recoge el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de este lunes.

Se trata de unas ayudas que la Generalidad de Cataluña entrega anualmente desde 2008 para ‘favorecer los procesos de emancipación de las personas jóvenes promoviendo la formación en diferentes ámbitos profesionales, potenciando aquellos sectores de carácter creativo y artístico como son el diseño, el periodismo, la radio, las publicaciones en revistas o el periodismo fotográfico’, y que en esta ocasión se ha ampliado a nuevas modalidades, como la televisión, la informática y la ingeniería.

Solo se puede optar si se utiliza el catalán

En la edición de este año el Gobierno autonómico de Cataluña repartirá, por este concepto, 60.000 euros, y, como ya es habitual, el Ejecutivo autonómico presidido por Artur Mas (CiU) ha establecido que el uso del catalán sea un requisito imprescindible para poder optar a ellas, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto, dictaminó que es ilegal establecer la ‘preferencia’ por parte de la Administración hacia una de las dos lenguas oficiales.

Así, según recogen las bases, ‘los trabajos deben ser en catalán’ y ‘en los carteles ha de aparecer el título de la temática en catalán’, en el caso de las becas para diseño; los ‘artículos’ a presentar deben estar escritos en catalán, en el caso de las ayudas del ámbito del periodismo; las ‘grabaciones’ deben ser realizadas en catalán, para poder optar a las becas sobre el mundo radiofónico; las ‘tiras cómicas’ deben estar rotuladas en catalán, en caso de tratar de obtener las ayudas destinadas a ‘jóvenes dibujantes y guionistas de viñetas’; el ‘texto con una breve explicación técnica que explique cómo se ha sido desarrollado y cómo funciona la aplicación presentada’ debe ser en catalán, si se quieren conseguir las becas del ‘mundo de la ingeniería informática’; e incluso, en el caso de optar a las becas destinadas al ‘mundo del periodismo fotográfico’, el texto ‘con una breve explicación que relate por qué se ha escogido el tema presentado en las fotografías, tiene que ser en catalán’.

Cinco millones para combatir la pobreza… únicamente en catalán

Tal y como se puede comprobar en los decretos y resoluciones del último año, la discriminación hacia los castellanohablantes por parte de la Generalidad, lejos de atenuarse, y más allá del incumplimiento de las sentencias sobre bilingüismo escolar, se ha visto intensificada con la llegada de CiU al Gobierno autonómico, hasta convertirse en una práctica sistemática.

El caso más sangrante conocido en los últimos tiempos es, probablemente, el de los cinco millones de euros anunciados hace tres semanas por la Consejería de Bienestar Social y Familia para subvencionar a las entidades que promuevan la lucha contra la pobreza, especialmente la de los niños. El requisito para acceder a estas ayudas: que estas organizaciones utilicen el catalán en sus avisos y rótulos.

La discriminación lingüística abarca todos los ámbitos de la Administración

Pero no se trata del único caso; al contrario, las situaciones absurdas e ilegales son abundantes y alcanzan casi todos los ámbitos: desde las multimillonarias subvenciones de la Consejería de Cultura, hasta las sanciones a los comerciantes por no rotular -al menos- en catalán; pasando por los protocolos lingüísticos para que el personal sanitario solo utilice el catalán; la censura al español en TV3; la organización de actos en favor de la prohibición del castellano en las escuelas públicas (pero, paradójicamente, no del francés); las ayudas para la investigación; las subvenciones a los medios de comunicación y las aulas de acogida para inmigrantes, todo ello supervisado por una red de comisarios lingüísticos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona -también en manos de CiU- no le va a la zaga en esta materia a la Generalidad. Así, además de bloquear el español en los menús de los teléfonos digitales de los funcionarios municipales, prefiere no pagar las multas de aparcamiento antes que rotular las señales en las dos lenguas oficiales, tal y como establecen las leyes.