La Voz de Barcelona

La autonómica Agencia Tributaria de Cataluña tiene que “proteger al ciudadano” y, por tanto, como se hace en otros casos, se ha transferido a la Agencia Tributaria nacional la cantidad de los impuestos que corresponden gestionar al Gobierno y fueron ingresados por “error” en las cuentas de la Generalidad.

Fuentes de la Consejería de Economía y Conocimiento han confirmado a LA VOZ DE BARCELONA que solo se han dado 25 casos de intento de defraudar a Hacienda con el pago de los impuestos, cuyo objetivo era el de presionar a CiU y al presidente autonómico, Artur Mas (CiU), para que la Administración autonómica se quedara con esos impuestos y no los gestionara el Gobierno, como marca la ley.

La Consejería, como organismo recaudador, tiene un registro abierto al público en el que cualquier ciudadano puede presentar la documentación que considere oportuna. Una vez analizada la información, la Generalidad ha enviado una notificación a la Agencia Tributaria nacional señalando que se han dado 25 casos “erróneos” de ingresos a cuentas de la Administración autonómica, y que transfiere a Hacienda las cantidades.

Según ha publicado Nació Digital, el total de los impuestos de los 25 casos suma unos 6.000 euros. Una cantidad que no le corresponde a la Generalidad gestionar. Desde la Consejería han indicado que en caso de que un impuesto de la Administración autonómica se pagara en la Agencia Tributaria, el Gobierno lo transferiría a la Generalidad. Y lo mismo ocurriría con los impuestos municipales.

Políticos, entidades y medios instan a defraudar a Hacienda

Los llamamientos a defraudar a Hacienda han sido frecuentes en los últimos tiempos por parte de los sectores más radicales del nacionalismo e independentismo catalán, espoleados por las denuncias por parte de CiU de un supuesto trato fiscal injusto hacia la Generalidad y por su calculada ambigüedad mantenida ante esta cuestión.

En diciembre de 2008, el entonces secretario de Política General de ERC, Josep Ginesta, exigió ‘que no salga ni un nuevo euro recaudado más allá de Fraga’. En octubre de 2009, el ex presidente autonómico Pasqual Maragall (entonces en el PSC) propuso un ‘cierre de cajas’, y ocho meses después amenazó con una “rebelión fiscal”.

Una medida que fue apoyada por el actual secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, en agosto de 2010. En abril de 2011, el entonces líder de ERC, Joan Puigcercós, y el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa también hicieron un llamamiento a impagar a Hacienda.

También los medios que sobreviven gracias al dinero público han tomado partido a favor de estas campañas. En marzo de 2011, el redactor jefe de política de La Vanguardia, Jordi Barbeta, insinuó desde las páginas del rotativo del grupo Godó la necesidad de poner en marcha una ‘insumisión fiscal colectiva’.

Un mes después,Vicent Partal, director y propietario de Vilaweb, uno de los diarios más subvencionados de Cataluña, animó desde su digital a poner en marcha una campaña de ‘desobediencia civil programada y generalizada’ contra la hacienda pública española. De hecho, desde este diario se dan todo tipo de detalles sobre cómo llevar a cabo el fraude.

El verano pasado Òmnium Cultural, entidad radical independentista que copa los primeros puestos de los ránkings por subvenciones recibidas, lanzó un nuevo desafío frente a la legalidad vigente -uno más de los que acostumbra a plantear-: o el Gobierno otorga a la Generalidad el concierto económico en los próximos cuatro años, o promoverá la “objeción fiscal” contra la Agencia Tributaria nacional. Esta propuesta no fue descartada por la Generalidad -que la consideró “interesante”- ni por CiU, mientras que el PSC la calificó de “atractiva” pero “irreal”.

La sanción solo puede imponerla la Agencia Tributaria

El último caso, que ha sumado hasta 25 intentos de defraudar a Hacienda, se ha promovido desde la plataforma Diem Prou. Andreu Bartolomé, uno de los promotores de la iniciativa, militante de ERC en Tarragona y empresario del sector vinícola, señaló en abril de este año que “la economía catalana se debe controlar desde Cataluña” y criticó que CiU tuviera miedo de que recibiera un aluvión de insumisos.

Ahora es la Agencia Tributaria nacional la que debe considerar si los 25 casos merecen una sanción por intento de defraudar a Hacienda. Desde la Consejería han indicado que no creen que sean sancionados ya que, desde su punto de vista, no hubo intención de defraudar al hacer el pago de los impuestos, aunque fuera en una cuenta distinta a la que correspondía y se hiciera voluntariamente.