La Voz de Barcelona

La Generalidad continúa discriminando de forma sistemática e impune a los ciudadanos y empresas que optan por utilizar el castellano en Cataluña, contraviniendo de esta forma lo establecido por los tribunales.

Como ya es costumbre, el Gobierno autonómico mantiene el veto a las empresas y entidades que quieran optar a recibir subvenciones si no utilizan, al menos, el catalán en todas sus comunicaciones internas y externas. En los últimos meses, esta marginación ha alcanzado todos los ámbitos imaginables, desde las consultorías para empresas culturales, a la gestión ambiental, pasando por los proyectos de cooperación al desarrollo, los festivales musicales, los profesionales del mundo creativo y artístico, la integración laboral de personas con discapacidad, e, incluso, la lucha contra la pobreza, entre otros.

Doce millones para incentivar el comercio, los servicios, la artesanía y la moda

Este martes, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado ‘las bases que deben regir la concesión de incentivos en el ámbito del comercio, de los servicios, la artesanía y la moda del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña para el año 2012′.

El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Empresa y Ocupación, repartirá un total de doce millones de euros, que pueden ser ampliados en el caso de recibir transferencias para este programa por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en base a un convenio firmado.

Todos los rótulos y documentos de ofertas, al menos, en catalán

Entre las condiciones exigidas a los que quieran optar a las subvenciones, se les obliga a ‘cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística’. Estos artículos obligan a las empresas a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

La normativa citada también establece que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

El TC dictaminó que es ilegal obligar a las empresas a usar una lengua

Sin embargo, esta normativa que la Generalidad impone para poder acceder a las ayudas quedó derogada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su fundamento jurídico 22 dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

De igual forma, la sentencia determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, tal y como ocurre a la hora de conceder estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

A pesar de la claridad de la doctrina del Alto Tribunal, el Ejecutivo autonómico sigue defendiendo que este tipo de discriminación es legal. “Tenemos el convencimiento de que lo que hacemos está dentro del marco de la ley y de la interpretación de lo que dice la propia sentencia del Tribunal Constitucional”, señaló el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), el pasado 27 de marzo preguntado al respecto por LA VOZ DE BARCELONA. Nadie ha impugnado ante los tribunales, todavía, estas órdenes autonómicas.