La Voz de Barcelona
Las amenazas de CiU respecto a la convocatoria de una hipotética consulta ciudadana sobre el establecimiento de un concierto económico para la Generalidad similar al del País Vasco y Navarra no tienen recorrido jurídico. Así lo han confirmado a LA VOZ DE BARCELONA diversos juristas consultados.
Estas advertencias, repetidas en múltiples ocasiones por el propio presidente autonómico, Artur Mas, desde que asumió su cargo, se han visto intensificadas en los último días. El portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha asegurado este lunes que en las próximas semanas iniciarán el trámite para aprobar una nueva ley de consultas populares -la actual está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional- que les permitirá convocar consultas sin la autorización del Gobierno, y que lo hacen “con la mirada puesta en el pacto fiscal”. Este martes ha vuelto ha insistir:
“Tenemos competencia exclusiva, de acuerdo con el Estatuto, para regular las consultas populares. Y la sentencia sobre el Estatuto nos dice cómo la podemos interpretar y aplicar”.
No se puede consultar sobre una materia de la que no se tiene competencia
Sin embargo, tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como diversas sentencias del Tribunal Constitucional establecen unos límites a esa ‘competencia exclusiva’ de la Generalidad a la hora de celebrar consultas populares: una administración pública no puede convocar una consulta en torno a una cuestión sobre la que no tiene competencia, como sería el caso de un concierto económico para la Generalidad.
Según el artículo 122 del Estatuto, ‘corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales’ de cualquier ‘instrumento de consulta popular’. Pero fija un límite al asunto sobre el que se puede consultar, que es ‘el ámbito de sus competencias’.
El propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad, en su dictamen 15/2010, de 6 de julio, sobre una ‘propuesta de consulta popular por vía de referendo sobre la independencia de la nación catalana’, concluyó que esta era inconstitucional, entre otras cosas, porque el objeto de cualquier consulta popular convocada, ya sea mediante referendo o por otro procedimiento, debe ‘tener cabida dentro de las competencias de la Generalidad de Cataluña’. De hecho, este dictamen ha hecho que la mesa del Parlamento autonómico haya rechazado diversas propuestas para celebrar consultas secesionistas.
El precedente del Plan Ibarretxe
Por otra parte, la sentencia 31/2011 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, en su fundamento jurídico 69, avaló que la Generalidad puede regular y convocar consultas populares, pero dejó claro que únicamente las puede llevar a cabo si ‘se ciñen expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales’.
Y por último, la sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional sobre el referendo para ‘el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco’ propuesto por el entonces lendakari Ibarretxe estableció que, aunque se presentó como una ‘consulta no vinculante’, en realidad se trataba de un referendo, por lo que era necesaria la autorización del Gobierno. Y, además, dictaminó que como el contenido de la misma ‘no puede dejar de afectar al conjunto de ciudadanos españoles’, esta consulta no podía ser convocada por una Comunidad Autónoma.
ERC e ICV-EUiA, a favor de la consulta ilegal
Esta insistencia del Gobierno autonómico de llevar a cabo una consulta popular para conseguir la secesión fiscal de Cataluña ha obligado a los distintos partidos políticos a manifestar, este martes, su posición al respecto. Solo ERC e ICV-EUiA han mostrado su conformidad, cada uno con sus matices, a la propuesta de CiU. Anna Simó (ERC) y Dolors Camats (ICV-EUiA) han afirmado estar de acuerdo con preguntar a los ciudadanos por la aplicación del concierto económico para la Generalidad.
La portavoz de ERC en el Parlamento autonómico ha señalado que la convocatoria de la consulta “no es una cuestión jurídica ni de plazos, es una cuestión de voluntad política”. Simó ha criticado que CiU esté más pendiente de ver quién asume la dirección del PSC -a partir de diciembre- que de presentar formalmente la consulta popular y ha recordado a los nacionalistas que es “necesario” e “imprescindible” que la consulta se realice antes de presentar la propuesta al Gobierno. La portavoz de ERC, incluso, ha propuesto que la Cámara autonómica apruebe “una ley ad hoc”.
Camats se ha manifestado en la misma línea que ERC, si bien ha defendido que los ciudadanos puedan también responder a los recortes que está aplicando la Administración autonómica. La portavoz de ICV-EUiA en el Parlamento autonómico ha indicado que la ciudadanía tiene derecho, desde su punto de vista, a opinar sobre “el modelo del Estado del bienestar que queremos para Cataluña”. Aunque ha criticado que la propuesta de pacto fiscal de CiU no está consensuada entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
Ciudadanos advierte de que el planteamiento de CiU choca con la ley
El dirigente político que se ha posicionado más claramente en contra de la propuesta de CiU ha sido el presidente de Ciudadanos y diputado autonómico. Albert Rivera ha recordado que lo que nacionalistas e independentistas plantean es ilegal ya que la Generalidad no tiene competencias en materia fiscal a esos niveles. Así, el diputado autonómico de Ciudadanos ha señalado que:
“Lo que plantean ERC y CiU, y esto lo sabe cualquier dirigente político, no hace falta ser abogado ni jurista para saberlo, es que una consulta sobre una cuestión que es competencia de las Cortes solo puede ser planteada por las Cortes, por lo que ni Cataluña ni la Comunidad Autónoma pueden plantear ningún tipo de referendo sobre competencias que no nos tocan. […] Hablar de la LOFCA y de un cambio de la Constitución solo toca hacerlo en las Cortes. […] Que dejen de marear la perdiz. […] Que dejen de frustrar a los ciudadanos de Cataluña. […] El marco es el Estado”.
Rivera, que se ha mostrado a favor de mejorar el sistema de financiación de las CCAA, “cuando toca”, es decir, en 2013, ha asegurado que, a su entender, Mas no quiere mejorar la financiación de la Generalidad porque le interesa “la confrontación” permanente con el Gobierno. Y ha añadido que la estrategia de CiU y ERC es la de “frustrar, frustar y frustrar”.
El PSC no se define, y Solidaritat no cree que se vaya a celebrar la consulta
Por su parte, Alfons López Tena, portavoz de Solidaritat en el Parlamento autonómico, ha recordado que Mas ya amenazó con un referendo en 2008 si el Tribunal Constitucional (TC) adecuaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña a la legalidad constitucional, tal y como ocurrió en 2010. Para López Tena (ex de CiU), Mas tiene “credibilidad cero” a la hora de tratar estos temas. Y ha añadido que no le cree porque “mintió en el año 2008″ y porque ya “ha votado tres veces en contra de que se haga un referendo [secesionista]” en la Cámara autonómica.
Finalmente, Laia Bonet (PSC) ha señalado que “negociar no es solo o esencialmente amenazar a través de los micrófonos” y ha exigido a CiU “más política de gobierno institucional”. Pero no se ha manifestado ni a favor ni en contra de la celebración de la consulta popular. Por otro lado, ningún portavoz del PP ha asistido a la rueda de prensa previa a la celebración del pleno parlamentario por lo que no se han posicionado tras las palabras que Homs ha realizado este martes.
