El Mundo

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha exigido hoy al Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, que retire la subvención de 9.000 euros concedida a un documental sobre los presos de ETA que, a su juicio, supone un claro indicio para una posible ilegalización de la formación abertzale.

En un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, Fernández asegura que la subvención «choca frontalmente» con los fundamentos jurídicos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha legalizado Sortu, y observa «claros indicios» de una posible ilegalización para una formación «que pretende promocionar valores de una organización terrorista desde las instituciones».

El titular de Interior recuerda que el fundamento jurídico 15 persigue el «ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes» así como la realización de actos públicos que entrañen «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

«Bildu puede estar incumpliendo ese fundamento de la sentencia que establece claramente las conductas por las que se puede ilegalizar un partido político y no lo vamos a permitir. La sentencia hay que acatarla en su totalidad y no nos va a temblar el pulso para pedir que esos fundamentos jurídicos elaborados para Sortu se establezcan también para Bildu», alerta.

A pesar de estas advertencias, fuentes del Ministerio del Interior han subrayado que el Gobierno no se está planteando por ahora promover o iniciar un proceso de ilegalización de Bildu.

Catálogo de conductas prohibidas

En su sentencia sobre Sortu dictada la semana pasada, el TC emitió un catálogo de conductas prohibidas que podrían ser motivo de ilegalización, entre ellas, el ensalzamiento de los terroristas especialmente por quienes desempeñan cargos institucionales.

En esa enumeración de las actuaciones que, «por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político», Sortu no puede protagonizar si quiere permanecer en la legalidad, actos que contribuyan al descrédito, el menosprecio o la humillación de las víctimas del terrorismo.

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián concedió el pasado viernes una subvención de 9.000 euros a un documental sobre cinco presos de ETA, titulado ‘Barrutik begirako leihoak’ («Ventanas al interior»), con el rechazo del PSE-EE y del PP.

Ese mismo día, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ya anunció que el Ejecutivo central no permitiría que con dinero público «se exalte a los terroristas y se humille a las víctimas», y avanzó que recurriría la subvención ante los tribunales.

El presidente del Partido Popular vasco Antonio Basagoiti también ha advertido de que las cláusulas recogidas en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu pueden ser aplicadas para cuestionar la legalidad de Bildu.