El Mundo
El ministerio del Interior quiere aumentar las ventajas y facilidades para incorporar a las víctimas del terrorismo a la vida laboral. Y para ello, ha anunciado una serie de incentivos para las empresas que decidan contratarlas. Según explicó el Departamento dirigido por Jorge Fernández en una nota, el Gobierno bonificará a estas empresas con hasta 6.000 euros anuales, en incentivos que se pueden prolongar durante cuatro años. Además, Interior anunció que los damnificados y amenazados también tendrán, en el ámbito laboral, derecho a la movilidad geográfica y a la reducción de jornada.
Estas ventajas a los empresarios que contraten a víctimas del terrorismo se incluirá en el proyecto de Ley de Reforma Laboral, vía enmienda del Grupo Popular a instancias de Interior.
Con ellas, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha buscado incentivar la contratación de los afectados por el terrorismo a fin de facilitar su presencia en el mercado de trabajo y, en consecuencia, contribuir a su mejor integración social.
En vigor a partir de julio
La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dirigida por Sonia Ramos, ha desarrollado en los últimos cinco meses un estudio, ahora incluido en esta iniciativa, dentro de la política de asistencia, ayuda y protección integral. Esta norma entrará en vigor en la primera semana del próximo mes de julio.
En el ámbito laboral, la principal medida es la fijación de bonificaciones para el empresario que contrate a personas que hayan adquirido la condición legal de víctimas del terrorismo. Este incentivo recoge cantidades de 600 y 1.500 euros anuales, que le serán descontadas al empleador de las cotizaciones por el trabajador a la Seguridad Social. Estas bonificaciones serán de 50 euros al mes (600 euros al año) en contratos temporales y de 125 euros al mes (1.500 euros anuales) si son indefinidos, con la posibilidad de disfrutar del incentivo durante cuatro años, lo que arroja un total de 6.000 euros. En el caso de los contratos temporales, la bonificación permanecerá durante toda la vigencia del contrato.
Estas nuevas medidas han conllevado un cambio en el concepto de beneficiario para ampliar estos derechos a la familia de la víctima: cónyuge o pareja de hecho e hijos tanto de fallecidos como de heridos. De esta manera se satisface una importante demanda del colectivo de víctimas del terrorismo.
