El Ejecutivo sustenta su demanda en que el final de ETA y la autodeterminación afectan a toda España
16-7-2008 – LA RAZÓN
Ricardo Coarasa / Iker Moneo
MADRID/VITORIA- La suerte del referéndum soberanista de Juan José Ibarretxe ya está en manos del Tribunal Constitucional (TC). El Gobierno reaccionó ayer con celeridad tras conocer que la ley del Parlamento vasco que autoriza la consulta había sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad. Tal y como había anunciado el Ejecutivo, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentó inmediatamente ante el alto tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica.
La demanda se fundamenta en tres pilares: la ley hurta al Estado la competencia para convocar referéndums, Ibarretxe somete a consulta cuestiones que afectan a toda España y atentan contra la unidad de la nación y, además, la norma adolece de un defecto formal al haberse tramitado incumpliendo el Reglamento del Parlamento vasco.
Ahora, los magistrados del TC deben decidir si admiten a trámite el recurso de inconstitucionalidad. En caso afirmativo, la consulta quedaría automáticamente en suspenso durante un periodo máximo de cinco meses, el plazo con el que contaría el Constitucional para pronunciarse sobre la petición del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En este tira y afloja entre el Gobierno y el lendakari, la respuesta de éste no se hizo esperar. Nada más conocer el paso al frente de la Abogacía del Estado, Juan José Ibarretxe compareció en Vitoria arropado por todo su Ejecutivo y denunció la actitud «prepotente» y «arbitraria» de Zapatero ante una iniciativa que calificó de «legal y democrática».
El lendakari mantiene que la paralización de la consulta sería de «extrema gravedad» y calificó la iniciativa de «veto político» del presidente del Gobierno, informa Efe. Un hecho, añadió, que según él «constituye un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, dejando a las instituciones vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español».
En su demanda, el Gobierno recuerda que la competencia para convocar referéndums corresponde al Estado con carácter exclusivo. «No es el Parlamento vasco competente para autorizar al lendakari -recalca-, sino el Estado mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, expedido por el Rey y refrendado por su presidente, previa autorización del Congreso de los Diputados». Argumenta, además, que al tratarse «con toda claridad» de un referéndum consultivo, éste no puede celebrarse sin que el Estado lo autorice.
Referéndum nacional
Por si fuera poco, continúa el recurso, la iniciativa de Ibarretxe somete a consulta «decisiones políticas de especial trascendencias para todos los ciudadanos españoles», como el final dialogado de la banda terrorista ETA o el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Estas cuestiones, subraya, «han de ser consultadas en referéndum nacional, no autonómico», de forma que todos los ciudadanos españoles «puedan opinar en asuntos que a todos los españoles conciernen».
Ibarretxe replica que si el Gobierno español mantiene que «los vascos no pueden decidir por todos los españoles», el Ejecutivo vasco afirma que «los españoles no pueden decidir por los vascos». Según el lendakari, «en una democracia real, el presidente del Gobierno español no puede prohibir que los ciudadanos y ciudadanas vascas expresen libre y democráticamente su opinión».
Por último, el recurso cuestiona el procedimiento seguido para convocar la consulta, dado que se tramitó por el procedimiento de lectura única (sin posibilidad de que los diputados votasen artículo por artículo), algo que el Reglamento de la cámara sólo permite en supuestos de «extraordinaria y urgente necesidad» que no concurren en este caso.
Pero Ibarretxe parece hacer oídos sordos, y tras aclarar que seguirá preparando la consulta «con total normalidad», anunció una «respuesta adecuada, serena y firme» ante lo que tildó de «despropósito democrático». El Gobierno vasco, amenazó, se reserva «todas las iniciativas legales, sociales y políticas» para defender el «derecho de la sociedad vasca a decidir el futuro de este país».
Por último, Ibarretxe insta al TC a pronunciarse antes del 15 de septiembre, fecha tope para convocar oficialmente el referendo.
