MIGUEL MASSANET BOSCH massbosch@telefonica.net | BARCELONA
En este país en el que estamos obligados a vivir, resulta palpable que los únicos que deben preocuparse por los “delitos” que cometan son aquellos que se “atreven” a robar una gallina o apropiarse indebidamente de una barra de pan, para alimentarse a ellos mismos y a sus familias; en estos supuestos la Justicia se pone la venda ante los ojos, los jueces se encasquetan el birrete y el brazo largo de la ley cae implacable sobre los autores de tan “espantosos” hechos, para que sufran el oportuno “castigo” por sus maldades. Lo único que no se produce en tales casos, curiosamente, es la famosa ¡alarma social!, no señores, parece que a la ciudadanía no le importa en absoluto que un desgraciado caco, muerto de hambre, se agencie algo para llevarse a la boca. Sin embargo, lo que si levanta ampollas en el pueblo, lo que mueve a escándalo y nos pone los vellos de punta es que, desde las instituciones políticas y desde las estancias judiciales, se vayan propiciando, con más frecuencia de la que sería deseable, determinadas medidas (al parecer se las llama “medidas de gracia”), que maldita sea la gracia que nos hacen cuando nos percatamos de que, con ellas, lo que de verdad se consigue es vaciar de contenido las sentencia emitidas por los tribunales penales.
Ya me dirán ustedes la ejemplificación que se puede obtener de que se apliquen sentencias de cien, doscientos o mil años a determinados sujetos que han cometido crímenes absurdos, alevosos y repugnantes si, por defecto de nuestro ordenamiento jurídico o por intromisiones de tipo político, –lo que el antiguo ministro de Justicia, señor Fernández Bermejo, calificaba de “según aconseje la jugada” – acaban por quedar reducidas a unos pocos años de encarcelamiento y otros en libertad bajo vigilancia. El caso del que hemos tenido noticia en estos días, sobre el envío a su casa de un etarra, apodado “Kurika”, gracias a la intervención del ministerio del Interior, que ha conseguido que, un juez, haya dictado orden de prisión atenuada para este peligroso miembro de la ETA, que había sido condenado a una pena de mas de 200 años de cárcel por tres asesinatos cometidos en 1984, de la cual, en el 2015, cumpliría las dos terceras partes de la pena; no hace más que confirmarnos en el convencimiento de que, el Estado de Derecho, en España es una filfa y que la política se ha conseguido hacer con todos los resortes del poder, los que maneja a su antojo y según le convenga a sus fines.
No ha sido la primera vez (recuerden el caso de De Juana Chaos y el del señor Otegui) en que, sea a través de la Fiscalía General del Estado o del ministerio del Interior, se hacen de mangas capirotes para favorecer los intereses del Gobierno, en este caso, del señor Rodríguez Zapateros y de su Ejecutivo. El ejemplo más patente lo tenemos en la incomprensible lentitud, rayana en negligencia, con la que el Tribunal Constitucional se está ocupando de resolver los recursos que ponen en cuestión la legalidad constitucional del Estatut catalán. Muchos opinamos que, con semejante dilación, se están favoreciendo actitudes ilegales, se establecen concesiones que difícilmente podrían ser revocadas y se crean peligrosos precedentes en cuanto a lo que deberían ser las actuaciones de dicho tribunal ante hechos que requieren una actitud valiente, rápida y enérgica de una institución creada, específicamente, para la defensa de la Constitución y sus preceptos.
La curiosa diligencia con la que se tramitan la serie de boutades del juez Garzón – la última y no menos clamorosa, cuando está intentando intervenir e interferir en la justicia de los EE.UU, para juzgar lo ocurrido en la prisión de Guantánamo donde han permanecido encerrados los presos de la guerra de Irak; cuando ya ha sido advertido en repetidas ocasiones de que carece de competencia para intentarlo –, la rara agilidad con la que se siembran filtraciones de los sumarios secretos que se les instruyen a los inculpados ( y a los que todavía no lo han sido) del PP de Valencia y Madrid, en una presunta trama de corrupción y, por contra, la evidente pasividad con la que se tramitan procedimientos como el robo de 110 kilos de cocaína de una comisaría de Sevilla, o el fracaso policial en el caso de Marta, la chica asesinada que todavía no ha sido hallada o los incumplimientos repetidos Generalitat de Catalunya de las sentencias del TSJC sobre la obligatoriedad de ofrecer enseñanza en castellano, sin que la fiscalía haya hecho nada para pedir su inmediata ejecución; nos dan la verdadera dimensión del problema de nuestra Justicia, que ha dejado de ser un poder independiente y justo, para convertirse en una brazo más del Ejecutivo, estableciendo diversas varas de medir de acuerdo con los intereses del Gobierno.
El hecho lamentable de que, una vez más, hayan imperado los intereses partidarios del PSOE, para que hayan movilizado a señor Rubalcaba con el objeto de buscar un acercamiento a la banda ETA mediante la excarcelación de uno de sus miembros, sin tener en cuenta que, este sujeto, mató con alevosía a tres personas inocentes, a sangre fría y sin posibilidades de que sus víctimas tuvieran ocasión de defenderse y, a la vez, olvidándose de los sentimientos y de los derechos de las personas, familiares, amigos y compañeros de trabajo que sufrieron los efectos de semejantes actos de insania criminal quienes, sin duda alguna, se van a sentir defraudados con la justicia y heridos en lo más profundo de sus emociones íntimas, ante el hecho inconcebible de que se permita salir del penal a un criminal que no ha cumplido con la deuda que tenía con la sociedad, sólo porque en una ocasión dijo que: “ la lucha armada de ETA estaba desprestigiada”. Pero lo que acaba de darnos la dimensión de la cara dura, de la desvergüenza y del cinismo del etarra en cuestión es que, para conseguir que lo pusieran en la calle, ha alegado “depresiones y tendencia al suicidio”. ¡Ya ven ustedes qué argumentos! Ya saben todos los demás presos comunes el camino para que los dejen en libertad, basta con que amenacen con suicidarse a causa de la depresión que les causa la cárcel. Si por mi fuera le hubiera facilitado al interfecto un panel de utensilios para que pudiera poner en práctica su amenaza y así se nos librara de semejantes sujetos. Y es que, señores, Platón ya lo dejó bien claro en su República: “Yo declaro que la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, ¡Qué gran profeta fue! Ni que hubiera conocido a ZP y a los del PSOE.
