La Voz de Barcelona

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha considerado que dos de los preceptos incluidos en las medidas adoptadas por el Gobierno (y validadas por el Congreso) en el ámbito sanitario son inconstitucionales, y otros ocho invaden competencias exclusivas de la Generalidad. El dictamen fue solicitado por la Generalidad y por los grupos parlamentarios autonómicos del PSC, ICV-EUiA y ERC.

En concreto, la resolución (dictamen 6/2012), que no es vinculante y se extiende a lo largo de 123 páginas, señala que esos diez puntos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, contradicen los artículos 14, 43 y 86.1 de la Constitución Española e invaden competencias que los artículos 115, 136 y 162 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reserva a la Generalidad.

Todas las conclusiones se han adoptado por unanimidad de los ocho miembros actuales del CGE, si bien, el presidente de la institución autonómica, Eliseo Aja, ha emitido un voto particular al entender que la restricción al derecho a la salud de los inmigrantes vulneraría también el artículo 13 de la Constitución.

‘No cumple el requisito constitucional de la extraordinaria y urgente necesidad’

El CGE considera que el Real Decreto-ley, de forma genérica, ‘no cumple el requisito constitucional de la extraordinaria y urgente necesidad’, y ve inconstitucional el artículo 1.1, que regula la condición de asegurado que, a su vez, da acceso a la asistencia sanitaria pública nacional de forma gratuita. El dictamen entiende que se podría vulnerar la idea de que todos los españoles son iguales ante la ley sin ninguna discriminación y el propio derecho a la protección de la salud.

Por otra parte, el CGE señala que los artículos 1.2; 4.1 y 4.4; 4.5; 14.4; 6.2; 8.2: 10.4 y la disposición final sexta invaden competencias de la Generalidad. Se trata de medidas que afectan a la prescripción de medicamentos, la dispensación de fármacos en los hospitales, el cambio en las profesiones sanitarias, las modificaciones en los estatutos del personal, el reconocimiento y control de los asegurados por el sistema, la obligación de dispensar medicamentos genéricos, el copago farmacéutico y la donación de células y tejidos humanos.

La oposición exige a CiU que recurra al Constitucional

El consejero de Salud de la Generalidad, Boi Ruiz, señaló al conocer el contenido del Real Decreto-ley que apreciaba posibles contradicciones con la Constitución y “medidas lesivas” para las competencias autonómicas, por lo que anunció que si el CGE avalaba dichas vulneraciones la Generalidad presentaría un recurso de inconstitucionalidad.

Este mismo lunes, tras conocerse el dictamen, PSC, ICV-EUiA, ERC y SI han tomado la palabra al consejero y han exigido al Ejecutivo autonómico que lleve las medidas del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

CiU no recurrió la reforma laboral, pese a otro dictamen del CGE

El portavoz de CiU en el Parlamento autonómico, Jordi Turull, también se ha mostrado partidario al recurso, al considerar que el dictamen es “un aval jurídico muy importante” para hacerlo. “Mañana hay reunión del Gobierno [autonómico] y esperaremos a lo que haga, pero estamos seguros que lo que hará es defender con uñas y dientes las competencias de la Generalidad”, ha señalado.

Sin embargo, recientemente el Parlamento autonómico tumbó, gracias a los votos de CiU y del PP, una iniciativa de PSC, ICV-EUiA, ERC y SI que pretendía que la Cámara autonómica impugnara la reforma laboral del Gobierno ante el Constitucional después de que el CGE dictaminara que tenía aspectos inconstitucionales. El Ejecutivo autonómico también desestimó presentar un recurso en esa ocasión.