El Mundo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que mantendrá la política de dispersión de presos de ETA, a pesar de las demandas de PNV y Amaiur para que se acerquen al País Vasco a los reclusos de la banda terrorista.

En declaraciones a la Cope, Fernández Díaz ha señalado que el Gobierno no va a modificar su política penitenciaria en función de los intereses de ETA, puesto que el nuevo Ejecutivo «no ha negociado en ningún momento» con la organización criminal y no ha pactado ninguna hoja de ruta.

«Nuestra política penitenciaria no va a cambiar, se va a aplicar la ley», ha indicado el ministro, añadiendo que la dispersión de presos etarras«no se va a modificar.

El ministro también ha aludido a esta cuestión en declaraciones a Onda Cero, y ha insistido en que la «discrecionalidad, que no arbitrariedad» a la hora de acercar o no a presos etarras al País Vasco «debe ser ejercida con inteligencia», teniendo presente que la política penitenciaria es un instrumento «muy potente y muy válido» en la política antiterrorista y partiendo del «marco de la ley» en la medida que pueda contribuir a la desaparición de ETA.

Que ETA deje de existir
Fernández Díaz ha expresado su deseo de que la organización terrorista ETA no sólo deje de atentar indefinidamente, sino que deje de existir y ha agregado que al servicio de ese objetivo se orientarán la política antiterrorista y la política penitenciaria.

Ha resaltado que, como manifestó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura, en materia penitenciaria el Ministerio del Interior va a aplicar estrictamente la ley y el reglamento que especifica de qué manera se pueden conseguir los beneficios penitenciarios.

«Todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley y, por supuesto, no va a haber por el hecho de haber pertenecido a una organización terrorista ningún tipo de privilegios en relación con el resto de los reclusos», ha garantizado el titular de Interior.

Ha detallado que las peticiones que se hagan para acogerse a los beneficios que la ley establece en el ámbito penitenciario deben ser planteados de forma individualizada y cumplir todos los requisitos que la ley prevé en estos casos: manifestar el arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir los daños civiles derivados en su caso por los atentados que podido cometer.