PUBLICABA ayer nuestro periódico que la inspección educativa de Castellón había denegado a un padre el ejercicio de su legítimo derecho: elegir para su hijo el castellano como lengua vehicular en su educación. Es llamativo el miedo que tienen los progres infiltrados en la Administración al ejercicio de la libertad. ¡Cuánto añoran la consigna y la uniformidad!
Juan Morote
Viernes, 16-01-09
PUBLICABA ayer nuestro periódico que la inspección educativa de Castellón había denegado a un padre el ejercicio de su legítimo derecho: elegir para su hijo el castellano como lengua vehicular en su educación. Es llamativo el miedo que tienen los progres infiltrados en la Administración al ejercicio de la libertad. ¡Cuánto añoran la consigna y la uniformidad!
La resolución denegatoria de la inspección castellonense literalmente reza: «el derecho a elegir modalidad lingüística no es un derecho fundamental, que no es absoluto, sino relativo y condicionado». Salta a la vista la escasa capacidad del redactor de la resolución para expresarse correctamente. Semejante redacción no hubiera superado un examen de cuarto de la ESO de ningún centro de prestigio. Así, el «que» de la primera aposición sobra, pero mucho sería pedirle a este sujeto que supiera escribir. En primer lugar, debería saber el inspector firmante que el derecho a recibir enseñanza en castellano, lengua oficial en toda España, y por ende, cooficial en la Comunidad Valenciana, no es una mera elección de modalidad lingüística. Para este superinspector parece que la elección de lengua de escolarización no reviste ninguna trascendencia biográfica. En segundo lugar, el susodicho ignora que el derecho a ser escolarizado en castellano sí es un derecho recogido en el art. 3.1 de la Constitución.
La razón no está donde parece, porque nunca ha sido la voluntad del actual conseller la implantación de políticas discriminatorias y marginadoras del castellano. No es fácil hacer política con funcionarios que en ocasiones reman en sentido contrario, convirtiéndose en elementos dificultantes de la acción del gobierno, en lugar de actuar como servidores públicos. Por tanto, debido al aldeanismo desconsiderado del inspector de Castellón, tenemos un padre lesionado en su derecho, un niño deambulante, a Font de Mora cabreado y a toda la comunidad castellanohablante castellonense profundamente indignada.
Espero que la reunión promovida por la Conselleria para abordar este problema se resuelva con el desplazamiento del inspector de turno y con una disculpa a los agraviados, representados por Antonio García, padre del niño. Y apostemos, de una vez, por la libertad de educación.
