El Ministerio de Medio Ambiente no ha puesto en práctica ninguna de las recomendaciones que contiene una resolución del Parlamento Europeo.
12-08-2006-ABC
FERNANDO ROJO
GUADALAJARA. El Ministerio de Medio Ambiente no ha puesto en práctica ninguna de las recomendaciones que contiene una resolución del Parlamento Europeo aprobada el pasado 18 de mayo para hacer más eficaz la lucha contra los incendios. El denominado «informe Galeote», que impulsó el eurodiputado del PP tras el incendio de Guadalajara, contó con un amplísimo respaldo de la Eurocámara, incluidos los votos del grupo socialista.
En el documento se pide la creación de una estrategia europea de lucha contra estas catástrofes basada en un protocolo de actuación común, así como en una directiva para la prevención y gestión de los incendios. También se reclama la creación de un mecanismo comunitario de protección civil, con fuerzas que estén en permanente alerta cuando se declaran los fuegos.
A todas estas recomendaciones generales le acompañan algunas que van específicamente dirigidas a los Estados miembros y que España aún no ha adoptado. Por ejemplo, en el apartado tercero se considera necesario que en todos los países «se elabore un listado completo de las zonas más expuestas a sequías prolongadas e incendios, así como de los medios disponibles, con objeto de delinear una estrategia de prevención y facilitar la coordinación y la eficacia de las acciones sobre el terreno».
Entre los incumplimientos del Gobierno español también se encuentra el del punto 23, en el cual se dice que cada país debe ejecutar «obligatoriamente» medidas para la prevención de incendios que incluyan la limpieza de los bosques o el apoyo a medidas de fomento de la rentabilidad forestal que eviten la despoblación de las zonas de montes menos rentables.
A la vista de lo ocurrido en Galicia, tampoco el Gobierno de Zapatero ha hecho demasiado caso a la recomendación trigésima de dicho documento, en la cual se insta a «la mejora de la coordinación y comunicación de la información sobre los recursos existentes en caso de catástrofes, diseñando al efecto métodos de actuación armonizados, en particular, para garantizar las operaciones necesarias de urgencia para disponer inmediatamente, por un período limitado de tiempo, de equipos terrestres y aéreos de lucha contra los incendios forestales».
Además, en el apartado 32 se pedía a los Estados miembros y a las autoridades locales que eliminasen «los obstáculos administrativos y geográficos a la protección civil, y apoyen la mayor flexibilidad y operatividad de los equipos de rescate en las regiones vecinas».
Antes de la aprobación de dicha resolución en el plenario de Estrasburgo, una comisión del Parlamento Europeo visitó en enero las zonas siniestradas en 2004 y 2005 en Guadalajara, Riotinto y Portugal. Posteriormente, se celebró en marzo una audiencia pública en Bruselas, donde pudieron expresarse por primera vez en sede parlamentaria los familiares de las víctimas del incendio de Riba de Saelices.
Pero el «informe Galeote» no es el único de estas características que se ha elaborado últimamente después del impacto de la catástrofe de Guadalajara. El propio Ministerio encargó al Consejo Nacional de Bosques la elaboración de un listado de medidas concretas, alguna de las cuales tampoco se han puesto en práctica. Una comisión formada por representantes de 27 organismos e instituciones y privadas aprobó en diciembre un dictamen que establece 13 recomendaciones dirigidas a mejorar la situación en cuanto a la prevención y riesgos de incendios forestales en España.
El documento reclama «una mejora de la coordinación interadministrativa y entre todos los agentes implicados en la problemática de los incendios forestales», así como que se ahonde en «la formación e investigación, la optimización del uso de los medios técnicos y la aplicación de nuevas tecnologías», entre otras cosas.
