La Voz de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la nueva estrategia plateada por la Generalidad de Cataluña y por varias entidades nacionalistas para intentar frenar las acciones de Convivencia Cívica Catalana (CCC) en defensa de la libertad lingüística en Cataluña.

En un auto fechado el pasado 9 de mayo, firmado por los magistrados María José Moseñe Gracia, Joaquín Borrell Mestre y Luis Fernando Gómez Vicarra, la sección cuarta de Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido no admitir el recurso presentado por CCC contra el decreto aprobado por la Generalidad en septiembre de 2010 que obliga a los profesores universitarios a acreditar un nivel C de catalán o similar.

El tribunal ha aceptado los argumentos planteados por la Generalidad de Cataluña junto a Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua (entidades generosamente subvencionadas por la primera) y ha considerado que CCC no está legitimada jurídicamente para personarse en este proceso, al entender que no son parte directamente perjudicada por el decreto.

El TSJC no entra a valorar el fondo del asunto

La resolución del TSJC, que no entra a valorar la legalidad o no del decreto de la Generalidad, ha sorprendido a los responsables de la entidad, puesto que sus estatutos establecen en sus objetivos ‘promover el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, fomentar las virtudes cívicas, fortalecer los valores democráticos, actuar contra todo tipo de discriminación, ya sea por causa de sexo, raza, origen, lengua, opinión o credo, y defender la pluralidad cultural, educativa y lingüística en el espíritu de los principios recogidos en la Constitución Española de 1978′.

Según el TSJC, ‘no es suficiente la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales’.

Proteger “la impunidad” de la política lingüística de la Generalidad

El presidente de CCC, Francisco Caja, ha calificado el auto como “un atropello” y ha asegurado que “no hay ningún motivo jurídico para negar la legitimidad a CCC”. De hecho, ha subrayado que la entidad agrupa a asociaciones de profesores y estudiantes universitarios, como Profesores para la Democracia y Universitarios Liberal Demócratas, que sí se ven directamente afectados por el decreto. El presidente de CCC se ha mostrado convencido de que la sentencia responde a “motivos políticos” que “buscan neutralizar a cualquiera que intente evitar la impunidad de la Generalidad en su política lingüística, que es evidentemente ilegal, como ha determinado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo”.

Caja ha subrayado que el propio TSJC ha reconocido en reiteradas ocasiones la “legitimación activa” de CCC para interponer recursos en materias relacionadas con la “discriminación lingüística”, en base a los estatutos de la entidad, lo que les ha permitido presentarse en una treintena de pleitos durante los últimos doce años. “La sala ha ignorado las sentencias emitidas por el propio tribunal en el pasado”, ha añadido, y ha anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La ponente sentenció a favor de las multas lingüísticas en 2010

En declaraciones a LA VOZ DE BARCELONA, Caja ha recordado que Moseñe -ponente de esta sentencia- es la magistrada que en marzo de 2010, antes de acceder al TSJC, desestimó un recurso del empresario Manel Nevot que solicitaba la anulación de las multas que le había impuesto la Generalidad por rotular su negocio únicamente en español. Moseñe consideró entonces que no era inconstitucional la obligatoriedad de usar el catalán establecida en la Ley de Política Lingüística. Sin embargo, cuatro meses después, el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dictaminó exactamente lo contrario de lo argumentado por la magistrada.

El presidente de CCC también se ha mostrado sorprendido de que le hayan negado la legitimidad para personarse en este proceso a su entidad pero se la otorguen a entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua. Y ha considerado que, en esta sentencia, “la independencia judicial brilla por su ausencia”. “¿Qué ha sucedido para que el TSJC cambie de criterio y nos niegue ahora la legitimidad?”, se ha preguntado Caja.