La Voz de Barcelona

“No hemos visto incumplimientos materiales como para actuar de oficio en esta cuestión”. Esta ha sido la respuesta del Síndic de Greuges de Cataluña, el Defensor del Pueblo autonómico, Rafael Ribó, a la pregunta de por qué no ha exigido a la Generalidad que acate y cumpla las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que obligan a restablecer el bilingüismo escolar.

Entre diciembre de 2010 y en mayo de 2011 el Tribunal Supremo dictó cinco sentencias firmes en las que obligaba a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán‘, y especificó que esto debía hacerse ‘de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

Sin embargo, la Consejería de Enseñanza siempre se ha negado a acatar estas sentencias, a pesar del más de medio millar de padres de alumnos que en junio pasado, acogiéndose a estas resoluciones, solicitaron por escrito una educación bilingüe para sus hijos. Ahora, se encuentran a la espera de que se resuelva el recurso presentado por la Generalidad contra el auto de ejecución de las mismas ordenado en septiembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Equilibrio exquisito” en materia lingüística en Cataluña

A pesar de que las instrucciones de los tribunales en este caso son absolutamente claras y precisas, Ribó ha negado que las sentencias obliguen a restablecer el bilingüismo escolar, ya que, en su opinión, dicen algo “bastante más diferente” que eso, aunque no ha sabido o querido explicar esas diferencias.

“La Sindicatura ha actuado todas y cada una de las veces en que se ha planteado actuar. No hay un solo caso de queja que el Síndic no haya vehiculado”, ha asegurado el ex presidente de Iniciativa per Catalunya y ex secretario general del PSUC. Ribó ha indicado que la situación del régimen lingüístico en Cataluña tiene un “equilibrio exquisito”, y se ha limitado a explicar que las quejas recibidas por motivos lingüísticos han sido “poquísimas” y, principalmente, debidas a que alguna administración no ha facilitado la documentación en la lengua reclamada o a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña no respetan el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Ante la insistencia de un periodista de LA VOZ DE BARCELONA, que le ha recordado que las sentencias sí obligan a restablecer el bilingüismo escolar y le ha interpelado por qué la Sindicatura no ha actuado de oficio para garantizar los derechos de los niños a recibir la enseñanza en catalán y en español, Ribó ha zanjado el asunto:

“Como puede entender, yo no utilizaré la rueda de prensa para discutir sobre qué dicen las sentencias. No hemos visto incumpimientos materiales como para actuar de oficio en esta cuestión”.

‘Debilitamiento’ de los derechos sociales

El informe anual sobre la actuación de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2011, presentado este lunes en el Parlamento autonómico, recoge en sus 389 páginas un resumen de los 22.759 casos recibidos, y que corresponden a 14.579 consultas, 8.065 quejas y 115 actuaciones de oficio por parte de la institución.

El documento destaca que la crisis y los ajustes presupuestarios ‘conllevaron una afectación negativa del ejercicio de los derechos individuales’ durante el año pasado, y subraya que ‘han sido las personas que se encuentran en una posición de mayor debilidad dentro de la estructura social de Cataluña quienes más intensamente han sufrido el debilitamiento de sus derechos sociales’.