La Voz de Barcelona

“Más que aportar soluciones a problemas, lo que pretende el PP es generar problemas. No esperamos ningún tipo de lección de aquellos que justamente han luchado contra la paz lingüística en nuestro país [por Cataluña]“.

Con estas palabras la portavoz adjunta del PSC en el Parlamento autonómico, Laia Bonet, ha rechazado este miércoles una propuesta de resolución del PP para ‘garantizar la disponibilidad lingüística plena en catalán y castellano del servicio de atención telefónica ciudadana 012‘ que ofrece la Generalidad.

La Generalidad debe adaptarse a la lengua que usen los ciudadanos

La proposición, defendida por la diputada autonómica popular María José García Cuevas en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara autonómica, planteaba que el servicio de información telefónica de la Generalidad introdujese al inicio de la llamada, junto al mensaje grabado de bienvenida -que, únicamente en catalán, ofrece acceder a las condiciones del servicio-, la posibilidad de elegir la lengua en la que el ciudadano quiera ser atendido, español o catalán.

García Cuevas ha recordado que la ley obliga a la Generalidad a atender a los ciudadanos en su lengua de elección “sin necesidad de solicitud expresa”. De hecho, así lo recoge el Fundamento Jurídico 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que interpreta el artículo 50.5:

‘Sólo los particulares, en tanto que titulares del derecho de opción lingüística garantizado por el propio artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden preferir una u otra de ambas lenguas en sus relaciones con el poder público radicado en Cataluña. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones por cuanto hace a las formalidades y requisitos de su ejercicio, lo que excluye que, como pudiera resultar de una interpretación literal del apartado 5 del artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, quienes prefieran que su lengua de comunicación con las Administraciones sea el castellano hayan de pedirlo expresamente. El precepto, sin embargo, es conforme con la Constitución ya que puede interpretarse en el sentido de que, en el marco de la política de fomento y difusión del catalán, las entidades públicas, instituciones y empresas a que el precepto se refiere, pueden utilizar la lengua catalana con normalidad, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano, en sus relaciones internas, en las relaciones entre ellas y en sus comunicaciones con los particulares, siempre que se arbitren los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la Administración pública’.

Anulación de sanciones por la exclusión del castellano

Esta preferencia de la Generalidad por el catalán -excluyendo el español- ya ha supuesto que los tribunales hayan anulado algunas sanciones impuestas por la Administración autonómica. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona anula las multas de tráfico que son recurridas porque las señales no están en las dos lenguas oficiales de Cataluña, tal y como indica la ley.

A pesar de ello, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha rechazado recientemente la posibilidad de que el Ayuntamiento se dirija a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales, después de que una sentencia del TSJC -recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional- haya recordado al Consistorio que debe atender a los ciudadanos de oficio en la lengua que utilicen sin que estos lo pidan expresamente.

El operador decide si cambia de lengua o no

Según ha denunciado García Cuevas, “el servicio sigue funcionando prioritariamente en catalán” -una fórmula prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional- y “lo que sucede en la práctica es que queda a voluntad del operador que atiende al ciudadano cambiar o no de lengua”.

Para “garantizar la disponibilidad lingüística plena” en las dos lenguas oficiales, el PP ha propuesto “realizar todos los ajustes técnicos necesarios para que el ciudadano directamente, antes de ser atendido por el operador, elija la lengua en la que quiere ser atendido”. García Cuevas se ha preguntado: “¿Qué pasaría si la Generalidad atendiese en castellano y cambiase al catalán si el ciudadano utilizase esa lengua?”. “Les parecería un pecado mortal”, ha respondido ella misma.

El PSC considera la propuesta una “valencianización de Cataluña”

La representante del PSC ha argumentado su rechazo a la propuesta del PP apelando a la propia sentencia del Constitucional, que avala el derecho de los ciudadanos a no tener que pedir expresamente a la Administración la lengua de relación.

Bonet ha considerado que la incorporación de un mensaje grabado que pregunte previamente en qué lengua quiere ser atendido el ciudadano supondría “la valencianización de Cataluña”. “¿Lo propondrá también para el servicio de emergencias 112? Mientras tanto, tal vez ya no haría falta la emergencia. Aquí funcionamos por sentido común y lo que prevale es que la gente se entienda, porque vivimos en un país [por Cataluña] normal”, ha subrayado.

CiU: preguntar por la lengua de preferencia encarecería el servicio

David Bonvehí (CiU) ha señalado que en su formación están “cansados y hartos” de estos planteamientos, y ha señalado que “no hay derecho a que se sigan haciendo este tipo de propuestas de resolución cuando no existe problema lingüístico” en Cataluña. Bonvehí ha asegurado que los operadores siempre “se adaptan” a la lengua de sus interlocutores.

Además, ha asegurado que introducir esta opción “comportaría alargar el mensaje inicial de la llamada en 30 segundos”, lo que “supondría incrementar sensiblemente el coste del servicio” -que ha calculado en 1,6 millones de euros anuales de coste adicional para los usuarios-, “una mayor ocupación de las líneas y un mayor tiempo de espera para establecer el contacto”.

ERC: “El catalán es la lengua propia”

Por parte de ICV-EUiA, Mercè Civit ha defendido que “el sistema de normalización lingüística en el ámbito de la Administración [autonómica] está muy bien adecuado” y “se han garantizado siempre” los derechos de las dos principales comunidades lingüísticas de Cataluña. “Nunca ha habido conflictos [lingüísticos en Cataluña] y hacemos un llamamiento a continuar manteniendo [el modelo]“, ha insistido.

La diputada autonómica de ERC Violant Mascaró ha defendido que “el catalán es la lengua propia del país [por Cataluña]” y ha insistido en que “no hace falta que haya una simetría en el uso de las dos lenguas en Cataluña [por parte de la Administración autonómica] porque el catalán, además de lengua propia de Cataluña, está en inferioridad de condiciones por la presión del castellano y por la voluntad del Estado de quererla imponer”. “El simple hecho de que una persona utilice el castellano no quiere decir que no pueda o no quiera ser atendido en catalán por las Administraciones [autonómicas] catalanas”, ha señalado.

La propuesta del PP ha sido rechazada por el resto de grupos, esto es, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC (ningún miembro de Solidaritat ha asistido a la sesión, mientras que Ciudadanos no tiene representante en esa comisión).