La Voz de Barcelona

CiU y PP han cerrado esta martes un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de la Generalidad de este año, que se plasma en un documento de once puntos. Sorprendentemente, ninguno de estos puntos recoge un compromiso de los nacionalistas para adaptar a la legalidad las múltiples normas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, para acatar y cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar o para dejar de financiar a decenas de entidades privadas que fomentan la secesión de Cataluña.

A pesar de ello, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha calificado el acuerdo como “extraordinario” porque su formación “determina gran parte de la acción política” del Ejecutivo autonómico, y el pacto “mejora, rectifica y correge” la ley de acompañamiento. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs (CiU), ha considerado que se trata de “un acuerdo positivo que permite sacar adelante un presupuesto difícil en un tiempo difícil”, y que el PP ha hecho “un ejercicio de responsabilidad”.

‘Medidas orientadas a la recuperación económica y el control del déficit’

El primer punto del documento recoge el compromiso de ambas formaciones para impulsar ‘medidas orientadas a la recuperación económica y el control del déficit’, que incluyen ‘un programa legislativo’. Este programa prevé la aprobación de una ley de apoyo a la emprendeduría (para reducir los trámites burocráticos en la creación de empresas, introducir incentivos fiscales, y aumentar los avales ofrecidos por el Instituto Catalán de Finanzas); la reforma del Servicio Catalán de Empleo; medidas de transparencia para el seguimiento de la ejecución presupuestaria (con comparecencias periódicas para explicarla); la fijación de un techo de gasto por parte de la Generalidad (en línea con lo previsto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera); y el desarrollo de una ley de transparencia de las entidades autonómicas y de las financiadas con fondos públicos (especialmente en cuanto a las retribuciones de los altos cargos).

En segundo lugar, el acuerdo incluye una racionalización, reducción y simplificación de la Administración autonómica, fundamentalmente del sector no administrativo, a lo largo de la legislatura, que supondría, en una primera fase reducir ‘en un 10% las entidades existentes y un 20% las aportaciones presupuestarias’, y posterioremente ‘la reducción de un 25% de las entidades’.

Reducción de las tasas

Entre los acuerdos más relevantes, destacan los relativos a las nuevas tasas. En cuanto a la tasa sobre la prestación de servicios de la Administración de Justicia, esta solo será aplicable en el ámbito del Derecho Civil, el Contencioso-Administrativo, y en los procedimientos cambiarios de cuantía superior a 3.000 euros. Además, habrá una bonificación del 25% para los escritos que se presenten por vía telemática.

El euro sanitario -que es de dudosa legalidad ya que la competencia corresponde al Gobierno y no a las CCAA- se aplicará a las primeras 61 recetas anuales por persona y quedarán exentos de su aplicación los medicamentos con un precio inferior a 1,67 euros (IVA incluido), los perceptores de una pensiones no contributiva, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, y los colectivos con una situación económica particularmente precaria.

La tasa turística, que entrará en vigor el 1 de noviembre, tendrá un importe máximo correspondiente a siete días de estancia, y oscilará entre 0,5 y 2,5 euros diarios. Será más alta en los establecimientos situados en la ciudad de Barcelona que en los del resto de Cataluña, se ha elevado a los 16 años la edad de las personas exentas y las administraciones locales recibirán el 30% de la recaudación.

Por otra parte, la Generalidad no aplicará de forma inmediata el canon del agua a las administraciones locales -fórmula que podría ser inconstitucional según un estudio que ya está en manos de todos los grupos del Parlamento autonómico-, para que estas puedan adoptar las medidas necesarias para el uso de aguas no sometidas a dicho canon, como las aguas regeneradas y no potables. Además, se introducirá una reducción de la tasa respecto a la propuesta inicial y se articulará un mecanismo para deducir los impuestos incobrados por parte de las empresas suministradoras.

Escuelas y ambulatorios

El Ejecutivo autonómico también se compromete a mejorar la dotación presupuestaria a los entes locales y a destinar el 50% de las dotaciones del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña a sufragar gastos de obras ya ejecutadas por los ayuntamientos.

Otro de los puntos recoge la construcción de una docena de nuevas escuelas y cuatro ambulatorios durante este 2012, así como el estudio de las inversiones necesarias en unos sesenta colegios, en una veintena de centros de atención primaria, y en una decena de hospitales.

Una comisión de seguimiento del acuerdo

Por otra parte, la Generalidad mantendrá las ayudas a los Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social y las prestaciones a los alumnos con necesidades educativas especiales. También incrementará en 50.000 euros el presupuesto de la oficina de atención singularizada de víctimas del terrorismo en Cataluña, y se compromete a presentar un proyecto de ampliación de dotaciones de efectivos y de adquisición de recursos materiales preferentemente destinados a garantizar la integridad de los Mossos d’Esquadra.

Por último, CiU y el PP han acordado constituir una comisión de seguimiento de este acuerdo que estará integrada por representantes de ambas formaciones políticas y del Gobierno autonómico.