El magistrado del TC que asesoró a la Generalitat no decidirá sobre el Estatut.
F. Velasco
06-02-2007-La Razón
La decisión se tomó por seis votos a favor y cinco en contra, entre ellos el de la presidenta La mayoría sostuvo que se veía afectada la imparcialidad objetiva de Pérez Tremps, a quien propuso el PSOE para ir al Alto Tribunal
Madrid-El trabajo que realizó Pablo Pérez Tremps para la Generalitat relacionado con el nuevo Estatut de Cataluña y por el que, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 31 de diciembre, percibió 6.000 euros, le impedirá participar en la resolución por el Tribunal Constitucional de los recursos presentados contra la norma estatutaria catalana. Tras seis días de intensa deliberación, los once magistrados del Alto Tribunal concluyeron que existen causas objetivas que impiden a Pérez Tremps intervenir en ese asunto, aunque, eso sí, se evidenció una fractura en dos entre los integrantes del Pleno.
Al final, y a la vista de que las posiciones eran prácticamente inamovibles, se «cerraron» ayer las deliberaciones con la postura que ya era mayoritaria el pasado jueves, es decir, estimar la recusación de Pérez Tremps. Por un solo voto. Seis de los magistrados consideraron que existía causa suficiente para que no participara en la resolución de los recursos, y otros cinco sostuvieron que el dictamen que había realizado no entraba directamente en el contenido del Estatut, por lo que no estaba «contaminado» para formar parte del tribunal.
De esta forma, Guillermo Jiménez, Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado, Roberto García Calvo, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata fueron los que decidieron que había que estimar la recusación. Todos ellos, a excepción de Rodríguez Zapata, fruto de un pacto en el Senado entre PP y PSOE, fueron propuestos o auspiciados por el Partido Popular.
Por contra, la presidenta del TC, María Emilia Casas, Manuel Aragón, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala se opusieron a la admisión de la misma. Todos ellos contaron con el aval del PSOE y emitirán votos particulares contra la decisión de la mayoría.
«Haber desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo» ha sido la causa por la que se estimó el recurso del PP. Es decir, los magistrados han entendido que existe una relación directa entre el dictamen de Pérez Tremps y el contenido del Estatut, por lo que su participación podría estar de alguna forma «condicionada» y afectada su imparcialidad objetiva, según explicaron fuentes jurídicas.
Revés para el fiscal general
El fallo del Tribunal Constitucional supone también un serio revés para la Abogacía del Estado, Parlamento y Ejecutivo catalán y Fiscalía, cuyo principal responsable, Cándido Conde-Pumpido, insistió en que no había causas que justificase la recusación. De hecho, el fiscal jefe ante el TC, Juan Cesáreo Ortíz Úrculo, era partidario de estimar el recurso del PP, pero Conde-Pumpido le expresó sus discrepancias y, por ello, le ordenó a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde -quien había sido designada para ese cargo meses antes-, que presentara el informe, contrario a las pretensiones de los «populares». El argumento de la fiscalía era que una recusación similar de Pérez Tremps ya fue resuelta hace ahora un año.
Sin embargo, la mayoría del TC ha entendido que no se trata de cuestiones similares, ya que en esta ocasión hay circunstancias nuevas y relevantes, principalmente el contrato, de carácter administrativo, que suscribió Pérez Tremps con el entonces consejero la Generalitat, Joan Saura, para la realización del trabajo, y que el encargo se despachó a menos de un mes de que fuese nombrado magistrado del Alto Tribunal, a propuesta del PSOE. Se le pedía precisamente que buscara cómo encajar ante el Tribunal Constitucional y ante la Unión Europea las competencias exteriores que el Estatut debía otorgar a la Generalitat y sus conclusiones coinciden con los artículos que, al final, se dedicaron a esta cuestión.
Pérez Tremps alegó ante el Constitucional que no se trató de un dictamen, sino que fue un estudio encargado a varios profesores universitarios y magistrados del Supremo, entre ellos él mismo.
«Politización partidista»
Este fallo, a la vista de la configuración del Tribunal Constitucional, puede tener una influencia decisiva a la hora de resolver sobre si el Estatut se ajusta o no a la Constitución. Y, junto a ello, impedirá que resolución se pueda adoptar con el voto de calidad de la presidenta.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, mostró su «sorpresa» por la «insólita» decisión del TC y destacó que es la primera vez que se admite una recusación «de un profesional, profesor de Derecho Constitucional, por un trabajo de carácter doctrinal, académico y científico», en referencia al estudio que elaboró Pérez Tremps para la Generalitat.
El diputado autonómico y ex parlamentario nacional Francesc Homs consideró que existe la impresión de que el TC está en «una deriva de politización partidista» con la decisión que adoptó, informa Ep.
