El Gobierno va a pagar un «nuevo peaje» a la banda al llevar el proceso de diálogo a las instituciones comunitarias.
08-07-2006-La Razón
Madrid- La internacionalización del «conflicto» es una exigencia permanente de ETA y de Batasuna, a la que el Gobierno de Aznar respondió con una implacable política exterior que consagró el aislamiento de la banda y de su «brazo político». Este último sigue, por cierto, figurando en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Los «populares» se han opuesto siempre a cualquier iniciativa que sirva de colchón a esa demanda y, de hecho, tras el alto el fuego de ETA ya contestaron con un «no» categórico cuando el portavoz socialista en la UE les planteó informalmente la idea de involucrar al Parlamento Europeo en la tregua.
Así lo defendieron incluso hace más de un mes y medio en una cena privada en la embajada española a la que asistió el secretario de Estado para la Unión, Alberto Navarro. Entonces todavía se vivían momentos de cierre de filas con el Gobierno en aras del consenso, y de ahí que también de puertas para adentro Mariano Rajoy llegase a sondear a José Luis Rodríguez Zapatero sobre sus intenciones al respecto. El jefe del Ejecutivo le negó que avalara la internacionalización del «proceso de paz».
El PSOE mueve ficha. Esta semana, sin embargo, se ha oficializado la decisión de los socialistas de promover un debate en Pleno en la Eurocámara sobre este delicado asunto, que se celebrará en septiembre, previsiblemente el día 4 o ya a finales de mes. El 29 de agosto se reunirá la Conferencia de Presidentes, órgano con funciones similares a la Junta de Portavoces del Congreso, es decir, encargado de organizar el trabajo de la Cámara.
Analizada la situación, y pese a su disconformidad con trasladar esta cuestión al Parlamento Europeo, el PP ha decidido no quedarse de brazos cruzados sino pasar al ataque: su grupo en Bruselas, el PPE, registrará de cara al debate, previsiblemente a finales de agosto, una resolución propia con las «líneas rojas» que deben marcar la gestión de una tregua de una organización terrorista, incluyendo las que se considera que Zapatero ya ha vulnerado. De manera reservada, este mismo mes empezará a redactarse la moción y también comenzarán los contactos con las otras fuerzas para intentar articular una mayoría ante el debate en Pleno.
El PPE dispone de 264 parlamentarios y la mayoría absoluta está en los 367. El Grupo Socialista Europeo ocupa 200 escaños.
Los «populares» están decididos a dar la batalla, con la previsión, según las fuentes consultadas, de que el Grupo Liberal o incluso el Grupo Comunista pueden ser decisivos a la hora de inclinar la balanza de su lado. Este último está en manos de Willy Meyer, crítico con la estrategia de Gaspar Llamazares. Los comunistas europeos, fieles a la doctrina marxista-leninista, recelan, además, de todo lo que suponga apadrinar el independentismo.
El voto, como ocurre en el Parlamento español, se mueve básicamente en función de la ideología, si bien el PPE jugará la carta de incluir en su alternativa un decálogo de principios unánimemente asumidos en la UE en relación a la política antiterrorista, lo que colocará en una difícil situación, por ejemplo, a los socialistas franceses o a los italianos liberales. La «paz» es difícil de rechazar y el partido de Rajoy es consciente de este inconveniente, pero frente a esa bandera en la que se envolverán los socialistas se reivindicará la oposición al pago de un precio político, que Batasuna es igual que ETA, que se tiene que exigir el abandono de las armas, que los terroristas deben pedir perdón a las víctimas…
«Satisfacción a ETA». El portavoz del PP en Estrasburgo, el ex ministro Jaime Mayor Oreja, y el eurodiputado Gerardo Galeote están ya trabajando en la estrategia de respuesta al debate promovido por el PSOE. Ayer, Mayor acusó al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, de «satisfacer» a ETA con su apoyo a tal iniciativa, que, recordó, «es lo que han venido pidiendo los terroristas desde hace treinta años». En la misma línea, Galeote advirtió de que el Gobierno va a pagar un «nuevo peaje» a la banda al llevar el proceso de diálogo a las instituciones comunitarias, dado que siempre ha sido una «vieja reivindicación» de los etarras «rechazada por todos los gobiernos democráticos de España».
