El Mundo

El PP estudia reconocer el derecho de voto en las elecciones municipales, forales y autonómicas a los miles de vascos ‘exiliados’ por el resto de España a causa de ETA. Se trata de una vieja iniciativa sugerida en su día por las asociaciones de víctimas del terrorismo, que el partido del Gobierno está considerando ahora a varias bandas.

En primer lugar, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, la ha introducido en la ponencia política que debatirá el Congreso del PP de Sevilla, y que comparte con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y con el de Melilla, Juan José Imbroda.

Además, su mano derecha en la dirección del Grupo Popular del Congreso, Leopoldo Barreda, prepara ya una iniciativa legislativa para instar al Gobierno a reformar la Ley Electoral en este sentido.

Por otra parte, ambos vienen trabajando desde hace un tiempo –primero en el Gobierno vasco, y ahora también en el entorno del Ejecutivo de Rajoy– en la creación de ayudas e incentivos encaminados a procurar el retorno al País Vasco de los miles de exiliados.

Todo ello, en el contexto político de que para el PP, tal como figura en la citada ponencia, «el final de ETA está más cerca». Así figura en el texto, en el que, en todo caso, no se admite otro final que su «disolución incondicional».

«¿Por qué puede votar un vasco residente en Argentina y no un vasco de Madrid?», se pregunta Basagoiti, principal promotor de la idea, abonada sobre la paradoja que supone que el censo de españoles haya crecido en millones de personas en todo el territorio mientras que el del País Vasco se haya visto mermado en 309.000 votantes desde 1979.

‘Decenas de miles’
Se calcula en «decenas de miles» los vascos no residentes por causa terrorista que podrían acceder al censo. Precisamente, y según Leopoldo Barreda, lo más difícil de la iniciativa va a ser confeccionar el listado y «objetivar» así la «restitución democrática».

Advertido sobre que la iniciativa pudiera ser prematura y comprometer la seguridad de los ‘exiliados’, Barreda explica que la reforma no será inmediata, pero que la voluntad política es que cobre forma antes de las próximas elecciones autonómicas.