Da margen a sus «barones» en la «guerra del agua», porque no dará tiempo a aprobar los textos.
C. Morodo
19-11-2006-La Razón
Madrid- En el calendario está la clave de la estrategia del PP ante las reformas estatutarias pendientes y ante la «guerra del agua» en la que se han visto envueltos sus «barones» autonómicos a cuenta de su participación en los procesos de modificación abiertos en sus respectivos «feudos». En la pasada legislatura, la apuesta nacional por el Plan Hidrológico costó al PP una importante pieza, la comunidad de Aragón, y a ese precedente se han aferrado las partes afectadas -Valencia, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha- para no dar su brazo a torcer y someterse a un discurso único en una cuestión muy sensible desde el punto de vista territorial.
La llamada «guerra del agua» ha llegado a su máximo enfrentamiento en el mandato de Zapatero, con recursos incluso ante el Tribunal Constitucional, a cuenta de la política hídrica del Gobierno -derogación del PHN sin alternativa- y del proyecto de reformas de estatutos impulsado en todas las autonomías.
Apuesta por la solidaridad
La dirección popular es consciente de que el discurso de Rajoy «sufre» por las posiciones de algunos líderes regionales, especialmente por la del de Aragón, Gustavo Alcalde, y por la de la «número uno» en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que han bendecido las iniciativas impulsadas por el PSOE desde los respectivos Gobiernos autonómicos para blindar el Ebro y para clausurar con fecha perentoria el trasvase Tajo-Segura.
Sin embargo, se ha optado por medir la respuesta, contando con que el calendario puede ayudar «a devolver sentido» y a imponer el principio de la solidaridad en un debate en el que se ha tenido que ir a remolque de los socialistas. Las seis prórrogas del plazo para presentar enmiendas al Estatuto de Baleares pedidas por el PSOE en el Congreso redundan en buena manera a favor de los planes globales del PP, aunque perjudiquen a título particular a Jaume Matas.
Colapso en el Congreso
Si ya hay riesgo de que este Estatuto no vea la luz antes de las elecciones autonómicas y municipales -una vez que ha entrado en la Cámara Baja, no decaería, pese a todo, sino que seguiría su tramitación en la siguiente legislatura autonómica-, qué decir del de Aragón, cuyo plazo de enmiendas expira en diciembre y que no podrá iniciar su tramitación en la comisión constitucional hasta que concluya la del balear. Gustavo Alcalde está yendo por libre pensando en su propio interés, pero esta reforma es conflictiva a nivel nacional, no sólo para el PP, sino también para el PSOE, puesto que Murcia y Valencia rechazan su tratamiento del agua.
En el aire también está la reforma canaria, que ya ha llegado a las Cortes pero que se encuentra en fase de toma en consideración. Es un Estatuto complicado, porque a diferencia de los dos anteriores no cuenta con el consenso PP-PSOE. Además, fuentes socialistas reconocen estar intentado retrasar su tramitación para que no lo «venda» electoralmente Coalición Canaria antes de los comicios del próximo mes de mayo.
Será en diciembre cuando esté listo el nuevo Estatuto de Castilla y León. Su presidente, Juan Vicente Herrera, ha cubierto el obligado expediente con inteligencia y sin entrar en estériles debates, de modo que el resultado es una reforma sencilla que atiende cuestiones como, por ejemplo, el fortalecimiento del castellano. Este proyecto no recibirá el plácet de las Cortes antes de las elecciones autonómicas y municipales. En cuanto al manchego, otro proyecto polémico por el tratamiento del problema del agua y por cómo se plantean las inversiones, también es más que previsible que se quede fuera de esta legislatura autonómica, lo que en Madrid se considera una «muy buena noticia» ya que sin la presión de las urnas habrá más margen para racionalizar algunos de sus excesos. Si ni siquiera llegase a entrar en el Congreso, caducaría y tendría que empezarse a redactar de nuevo. Al Estatuto gallego ni se le espera para antes de que concluya la primera legislatura de Zapatero.
