La Voz de Barcelona

En los últimos meses, CiU ha elevado el tono de sus reivindicaciones independentistas hasta niveles inéditos. El congreso de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de marzo pasado, animado por un Jordi Pujol que auguraba una inminente “gran confrontación” con el resto de España, concluyó con la apuesta de la formación nacionalista por ‘construir un Estado propio’ para Cataluña.

Desde entonces, las amenazas de la federación que ostenta el Gobierno autonómico no han dejado de aumentar. Artur Mas ha advertido al Gobierno de que habrá “una respuesta contundente” y creará una “hacienda propia” si este no acepta su exigencia de un concierto económico para la Generalidad. No le ha importado, incluso, echar mano de arengas bélicas para animar a sus seguidores. ”Sois los generales de un ejército que es la Generalidad y que tiene una gran misión, una misión histórica”, proclamó hace un mes ante los principales altos cargos de la Generalidad.

Los dirigentes de su partido tampoco se han quedado atrás. El secretario de Organización de CDC, Josep Rull, ha insistido en que responderían ante una negativa del Ejecutivo al pacto fiscal mediante “un ejercicio unilateral de soberanía” para conseguir la secesión de Cataluña. Y el presidente de las juventudes de CDC, Gerard Figueras, no ha dudado en apelar a la “debilidad económica, institucional y democrática del Estado español” como “una oportunidad” para aplicar la “agenda” independentista.

“La puerta a la libertad de Cataluña”

La manifestación secesionista convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la próxima Diada ha servido para incidir en esa línea. “Este Once de Septiembre de 2012 abrirá la puerta a la libertad de Cataluña”, ha asegurado el consejero de Interior, Felip Puig (CiU). Dos de los principales alcaldes convergentes (Carles Puigdemont, de Gerona, y Santi Vila, de Figueras) ya se han puesto manos a la obra y han fletado un tren para la ocasión.

Aprovechando el río revuelto, el propio consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha salido a la palestra para amenazar, en una entrevista en el diario francés Le Figaro, con convocar un referendo ilegal en caso de que el Gobierno no acepte el pacto fiscal.

El PP sigue reflexionando

Sin embargo, la deriva independentista de CiU no parece ser motivo suficiente para que el PP catalán rompa su pacto implícito con los nacionalistas. La respuesta de los populares se ha limitado a algunos gestos intrascendentes y ambiguos que no les han servido para librarse de esa imagen acomplejada que ha caracterizado a la formación desde el destierro de Vidal-Quadras ordenado por Aznar. Al contrario, en muchos casos, se ha intensificado.

Tras el congreso de CDC, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se limitó a anunciar que su partido abría “un período de reflexión” para analizar su acuerdo tácito con CiU. Y en ello parece que sigue, puesto que, desde entonces, ambos partidos han seguido coincidiendo en numerosas votaciones en en el Parlamento autonómico, sin que el PP haya supeditado ese apoyo a que, por ejemplo, el Gobierno autonómico cumpla las múltiples sentencias que obligan a restablecer el bilingüismo escolar.

‘Autonomismo diferencial’ y ‘reconocimiento de la singularidad catalana’

Sánchez-Camacho también ha preferido desmarcarse de las críticas a los nacionalistas lanzadas por algunos de los pesos pesados del partido. Así ocurrió cuando el presidente autonómico de Extremadura, José Antonio Monago, cargó contra el pacto fiscal de CiU, y cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reprobó la campaña contra los símbolos nacionales de España en la final de la Copa del Rey.

Además, en los últimos meses el PP catalán ha llegado a abrazar algunos de los postulados nacionalistas. En el congreso de mayo, los populares aprobaron una ponencia política que reivindica el ‘autonomismo diferencial y el reconocimiento de la singularidad catalana’. Un texto que incluso reclama un nuevo modelo de financiación para la Generalidad que suponga ‘un resultado similar al de los territorios forales’, limitando la ‘solidaridad’ interterritorial ‘en el tiempo’ y condicionándola a que tenga ‘carácter finalista’.

En pleno debate sobre el concierto económico, el PP catalán se ha atrevido a ir más allá y también ha asumido la defensa del denominado ‘principio de ordinalidad’ fiscal en las transferencias interterritoriales, un supuesto que pretende que una Comunidad Autónoma debe mantener el mismo lugar en el ránking por impuestos recaudados per cápita en dicho territorio que en el ránking por gastos per cápita realizados posteriormente por la Administración General del Estado en esa Comunidad. Criterio que, por su inviabilidad, ni siquiera se cumple en los países federales más avanzados del mundo, como por ejemplo Estados Unidos.

Llamamiento a “la responsabilidad” y la “unidad”

Desde el Ejecutivo, las respuestas tampoco han sido muy contundentes. Tras algunas muestras inauditas de servilismo, como el indulto concedido a dos condenados por malversación de fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Pujol, o el nombramiento de una dirigente de CiU como número tres de la oficina del Defensor del Pueblo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), se ha limitado a hacer “una llamada a la responsabilidad” y a la “unidad” a los nacionalistas para afrontar la crisis económica evitando “buscar elementos de confrontación”.

“Si queremos que [los inversores] vuelvan a confiar en nuestro país, que tengan confianza en nuestro sistema, tendrá que ser un sistema estable. ¿Cómo podemos decir a la gente: confíe en España, invierta en España, cree empleo en España; o a los propios españoles: confiad que en España las cosas van a ir bien, si algunos lo que promueven es un clima de inestabilidad en nuestro país que aleja la inversión, que aleja el empleo, que crea desconfianza y que crea inseguridad?”, se ha preguntado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.

García Albiol y la ‘Diada Nacional de Cataluña’

El último de los ejemplos de la desorientación del PP se ha podido constatar en la posición del alcalde Badalona, Xavier García Albiol. El dirigente popular retiró la palabra ‘nacional’ del cartel institucional de celebración de la Diada del año pasado -su primero al frente del Ayuntamiento- y mantuvo las banderas oficiales en la fachada del Consistorio, tal y como marca la ley, lo que supuso el boicot de las formaciones nacionalistas.

Sin embargo, la semana pasada anunció que, aunque seguirá cumpliendo la ley en lo que a las banderas se refiere, está dispuesto a ceder a las presiones nacionalistas en lo relativo al cartel de la Diada. “El año pasado ya quedó claro que estábamos hablando de un cartel que no incluía la palabra nacional por cuestiones de su diseño. Si en el cartel de este año pone ‘Diada Nacional de Cataluña’, yo no tengo ningún tipo de problema porque así lo reconoce el Estatuto”, señaló en una entrevista en RAC1.

Vistas las cosas, no parece extraño que las encuestas sobre intención de voto no satisfagan las expectativas creadas por el PP catalán.