Once años después de que Cataluña asumiera esta competencia, Galicia se dispone a dar un paso en la misma dirección.
9-4-2008 – LA VOZ DE GALICIA
El pleno del Parlamento coronó ayer con laureles el consenso construido en los últimos cuatro meses por las fuerzas políticas gallegas para reclamar al Estado el traspaso del tráfico y la seguridad vial. Once años después de que Cataluña asumiera esta competencia, Galicia se dispone a dar un paso en la misma dirección, aunque pendiente de que primero se cumplan dos condiciones: que el futuro Gobierno de Zapatero autorice la transferencia y que la Xunta despliegue su propia policía en las carreteras para relevar a la Guardia Civil.
El proyecto de ley aprobado ayer de forma conjunta por PP, PSOE y BNG se ha convertido ya en el mayor consenso político de la legislatura, refrendado además en un momento complejo, en el que los socios del bipartito y la oposición de los populares tensaron al máximo las posibilidades de diálogo a raíz del proceso seguido en el reparto de los senadores por designación autonómica. Eso le da más valor, si cabe, a un texto que ahora será remitido al Congreso, que es el que tiene la potestad de aprobar la ley orgánica propuesta desde la comunidad gallega.
«É unha ocasión para felicitarnos todos polo consenso», manifestó ayer pletórico Carlos Aymerich, portavoz parlamentario del Bloque, el grupo que libró más batalla por conseguir el control sobre el tráfico. De hecho, aunque la reclamación de esta competencia figuraba en el documento de los 70 nuevos traspasos solicitados por los socios de la Xunta a finales del 2005, el bloqueo que rodeaba a la mayoría de estas demandas llevó al líder del BNG, Anxo Quintana, a aprovechar el último debate sobre el estado de la autonomía, celebrado el pasado mes de octubre, para dar un paso adelante en solitario y proponer un pacto político para exigirle a Madrid que pulsara el botón verde.
El consenso llegaba dos meses más tarde, justo después de que los nacionalistas gallegos apoyaran al PSOE en el Congreso para impedir la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Esta decisión tuvo en Galicia un efecto rebote, que fue la constitución de una ponencia conjunta en O Hórreo con el fin de reclamar por unanimidad el traspaso.
Vía constitucional
La vía elegida fue la misma utilizada por Cataluña en 1997. En definitiva, la misma que prevé el artículo 150.2 de la Constitución, según el cual el Estado puede transferir o delegar en las comunidades determinadas competencias con los medios financieros correspondientes.
El diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga destacó que el mero hecho de solicitar la cesión del tráfico muestra la voluntad del bipartito «de que quere facelo ben», pues adujo que la Xunta tiene la «convicción» de que se puede actuar con eficacia para reducir la siniestralidad en las carreteras, con medidas como las recogidas en el plan gallego de seguridad vial.
También el popular Xesús Palmou dio su parabién a la iniciativa, pues consideró conveniente atender desde Galicia «as nosas propias especificidades» en materia de seguridad vial, aunque reprochó al bipartito la forma en cómo ha tramitado la ley de la Policía Autonómica.
Palmou y Leiceaga fueron designados ayer por el Parlamento para acompañar a Madrid al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, para defender ante el Congreso la proposición gallega. El líder nacionalista les pidió a los grupos mayoritarios que «non teñan vértigo» y apoyen la petición hecha por Galicia.
