La Voz de Barcelona

El Parlamento autonómico de Cataluña ha rechazado este martes modificar la Ley del Código de Consumo de Cataluña para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Las propuestas, presentadas por Ciudadanos y por el PP, han recibido el voto en contra de CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat.

La resolución del Alto Tribunal derogó toda obligación de uso de una lengua a las empresas privadas y a los particulares, lo que afecta a las multas lingüísticas que la Generalidad impone a los comerciantes que no rotulan, al menos, en catalán en base a esta ley. En ese sentido, las propuestas rechazadas apelaban al fundamento jurídico 22 de la citada sentencia, que señala lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

El “matrix nacionalista”

En su intervención, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de “increíble” y “absurdo” el hecho de que “en Cataluña no se cumplan las sentencias, ni se adapten las leyes a esas sentencias”. “Este matrix nacionalista no quiere aceptar que hay una sentencia que hay que acatar, cumplir y hacer cumplir”, ha añadido.

Y se ha sorprendido que CiU considere “incompetente” a un tribunal, el Constitucional, “al que ahora piden amparo para derogar los decretos del Gobierno”. “La realidad supera a la ficción”, ha añadido.

El diputado autonómico de Ciudadanos ha recordado que durante el año 2011 el Gobierno autonómico presidido por Artur Mas (CiU) batió el récord de multas lingüísticas, con 226 sanciones y una recaudación de 176.100 euros, superando incluso al tripartito. “Son los campeones de las multas lingüísticas”, ha indicado, antes de proponer “bilingüismo en el ámbito público, libertad en el privado”, y adoptar medidas para “fomentar el uso del catalán sin imponerlo”. “La diferencia entre Cataluña y otros lugares no es tener una lengua, como todo el mundo, sino tener dos; este es el hecho diferencial”, ha subrayado.

Ciudadanos carga contra el PP y el PSC

Rivera ha sido especialmente duro con el PP, al que ha reprochado sus acuerdos con CiU sin exigirles a cambio que cumplan la sentencias, así como no haber recurrido, en su momento, la Ley de Política Lingüística de 1998, norma que introdujo por primera vez las sanciones lingüísticas.

Además, ha lamentado que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, haya incumplido su promesa electoral de las autonómicas de 2010, cuando aseguró que solo pactaría con la federación nacionalista si eliminaba las multas lingüísticas. “Rompan el acuerdo con CiU y con un Gobierno [autonómico] insumiso ante las sentencias”, ha insistido.

El líder de Ciudadanos también ha cargado contra el PSC, al que ha afeado sus contradicciones, recordando que, tras pasar años imponiendo multas a los comerciantes que rotulaban en español cuando estaban al frente del tripartito, el ex presidente de la Generalidad José Montilla se presentó a las autonómicas de 2010 con un programa electoral que cuestionaba las sanciones lingüísticas, que ahora vuelven a apoyar.

El PP exige la devolución del importe de las multas lingüísticas cobradas

La diputada autonómica del PP María José García Cuevas ha advertido a la Cámara y al Gobierno autonómicos de que “es su obligación acatar la ley y las sentencias judiciales” y les ha reclamado “lealtad institucional”. “Es inaudito e inadmisible las actitudes de rechazo institucional de la sentencia del Tribunal Constitucional”, ha lamentado.

García Cuevas ha denunciado que actualmente en Cataluña existe hoy “un problema de seguridad jurídica, pues se mantienen vigentes leyes que están en contradicción con el Estatuto constitucional”. Y ha insistido en que el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que “las relaciones entre particulares no pueden verse mediatizadas por los poderes públicos” y “quedan explícitamente fuera de cualquier imposición lingüística”.

Por último, García Cuevas ha respondido a Rivera. “Se equivoca de contrincante político en este tema”, ha indicado. Y ha defendido, tal y como recogía su propuesta, que la Generalidad restituya el importe de las multas lingüísticas impuestas a los empresarios.

“La legitimidad del Parlamento autonómico supera la del Constitucional”

El resto de los grupos han mostrado su oposición frontal a las propuestas de modificación del Código de Consumo. Por parte de CiU, el diputado autonómico Xavier Dilmé ha lamentado que “ya estamos de nuevo” con “la lluvia continua contra el catalán”. “Aquí se trata de atacar a la lengua propia con la excusa que sea”, ha concluido.

Pere Bosch (ERC) ha calificado a PP y Ciudadanos como “dos grupos que compiten en nacionalismo español“, ha denunciado que hay centenares de normas que obligan a etiquetar en castellano y ha concluido que “la legitimidad está en este Parlamento [autonómico] y esto supera la legitimidad de cualquier Tribunal Constitucional”.

“Un ataque más a la lengua catalana”

Para Mercè Civit (ICV-EUiA), las propuestas presentadas son “un ataque más a la lengua catalana” que buscan “romper el consenso político y social” y que demuestran la voluntad “recentralizadora” del PP.

El diputado autonómico de Solidaritat Toni Strubell ha defendido el texto del Código de Consumo apelando a que el catalán ha sido “muy maltratado por la historia”. Strubell ha denunciado que el propio Parlamento autonómico incumple una resolución aprobada hace unos meses en el que se le instaba a comprar únicamente productos etiquetados en catalán, y como prueba ha mostrado una botella de zumo de melocotón etiquetada en castellano. Además, ha asegurado que las multas recibidas del departamento autonómico de tráfico por saltarse los peajes están escritas solo en castellano.

El PSC presume de haber impulsado la ley que impone multas lingüísticas

Sin embargo, la intervención más contundente ha sido la de la representante del PSC, la diputada autonómica Judit Carreras, que ha calificado el debate de “absurdo e irresponsable” y ha acusado a Ciudadanos y PP de “hacer demagogia”.

Para Carreras, “no hay conflicto lingüístico en el ámbito del consumo”, que ha alardeado de que fue el PSC el que “impulsó” esta norma que ha considerado “absolutamente” respetuosa con los derechos lingüísticos recogidos por el Estatuto. “Ustedes plantean un problema donde no lo hay”, ha insistido.

Tras el rechazo del Parlamento autonómico a ajustar la Ley del Código de Consumo a la legalidad vigente, será el propio Tribunal Constitucional el que lo haga cuando se pronuncie sobre los recursos interpuestos en octubre de 2010 por el PP y por el Defensor del Pueblo contra esa normativa.