El magistrado Pablo Ruz, que investiga el chivatazo a ETA, decidió ayer que no solo no archiva la causa, como le pide el fiscal, sino que ha solicitado una batería de diligencias que van a relanzar una investigación que se prolonga ya por espacio de casi cinco años.
Pablo Ruz (EFE)
El magistrado Pablo Ruz, que investiga el chivatazo a ETA, decidió ayer que no solo no archiva la causa, como le pide el fiscal, sino que ha solicitado una batería de diligencias que van a relanzar una investigación que se prolonga ya por espacio de casi cinco años. Una de las pruebas requiere a Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros, dos de los imputados (el tercero es el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo), a que en el plazo de diez días identifiquen al confidente de ETA apodado “el Romano”, a quien utilizan como coartada para justificar el tráfico de llamadas entre ambos la mañana de la filtración.
Los policías que investigaron el chivatazo sostienen en sus informes que fue José María Ballesteros la persona que la mañana del 4 de mayo de 2006 entró en el bar Faisán y entregó a su propietario, Joseba Elosua, un móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación en marcha contra la red de extorsión de ETA que operaba a través del citado establecimiento. Una conclusión a la que llegaron tras cribar las llamadas registradas entre las 11,10 y las 11,40 horas de esa mañana, la franja horaria en la que se produjo la filtración.
Ambos policías declararon que el cruce de llamadas que mantuvieron ese día se debía a que Pamies iba a mantener una cita en el sur de Francia con un confidente de ETA y Ballesteros debía cubrirle. E ljuez les pide ahora que le comuniquen de forma reservada la identidad, datos de filiación y localización, y cualquier otro que conozcan sobre dicha persona para que preste declaración como testigo protegido y poder confirmar así su coartada.
“La invocación sobre la existencia de tal confidente exige, como diligencia indispensable para sostener la versión de los hechos ofrecida por los imputados y, en consecuencia, para llegar al total esclarecimiento de los mismos, la identificación de tal testigo y la practica de su declaración a presencia judicial –escribe el juez Ruz-, lo que no debe ser incompatible con la necesidad de mantener reservada a las partes y terceros ajenos al proceso la identidad real de tal confidente (…) para el caso de existir realmente el mismo”.
Garzón interroga a Pamies
La existencia de “el Romano”, apodo con el que era conocido el confidente, la desveló Enrique Pamies en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, que instruyó la causa hasta la llegada de Pablo Ruz.
Baltasar Garzón.- ¿Cuándo quería hacer la entrevista?
Enrique Pamies.- La hora exacta no la sé. Sé que sería mediodía español, no francés.
Baltasar Garzón.- Entonces manda al funcionario José María Ballesteros, ¿para qué?
Enrique Pamies.- Para que me haga la cobertura, asegurarme…
Baltasar Garzón.- ¿Qué sabía él? (se refiere al encuentro con el confidente)
Enrique Pamies.- Nada, tenía que darme cobertura sin más.
Baltasar Garzón.- Que significa ¿qué?
Enrique Pamies.- Decirme que el camino está limpio y después, una vez que pasáramos la frontera, tenía que ir por delante de mí.
Baltasar Garzón.- ¿Qué sentido tiene, desde un puesto directivo, tener una entrevista con un contacto para obtener información?
Enrique Pamies.- Porque los contactos, tal como a mí me han enseñado, no se traspasan como un piso. El contacto lo hace una persona y esa persona los mantiene. Es una norma. En Policía Judicial no lo sé, pero en Información le puedo garantizar que quien consigue un contacto lo mantiene él por sécula seculorum.
Baltasar Garzón.- Evidentemente, esa persona puede ratificar su versión.
Enrique Pamies.- Hombre, evidentemente que podría.
Eso es precisamente lo que pretende ahora eljuez.
Otras diligencias
El magistrado ha citado también a declarar el próximo 8 de febrero a dos responsables de los servicios de Información destinados en San Sebastián, y quiere que en el plazo máximo de 15 días los investigadores del caso le amplíen algunos de sus informes y le especifiquen el lugar donde estaban colocadas las cámaras para grabar los movimientos en el Faisán; y a la Guardia Civil un informe pericial sobre los cortes e interrupciones en algunas grabaciones.
Pablo Ruz deja también constancia de que la comisión rogatoria solicitada a la juez Levert, que dirigía la operación desde Francia y que ha tardado casi un año en responder, no aporta datos de relevancia que no obren ya en la causa, salvo los nueve folios cuyo contenido ha declarado secretos durante un mes.
