La Fiscalía -cumpliendo órdenes de Zapatero- retiró la acusación contra Otegui y la Audiencia Nacional ni lo ha juzgado.
22-03-2007-Periodista Digital
(PD).- Hoy se cumple un año de la declaración de alto el fuego permanente de ETA con un escándalo, el de la anulación del juicio a Otegi forzada por el fiscal general del Estado, que retrata la claudicación del Gobierno ZP ante ETA y sus compinches.
Como subraya Ignacio Camacho en ABC, en una columna titulada «Genuflexión», la trémula, mendicante ansiedad con que el Gobierno espera desde hace días un comunicado de ETA que le saque del atolladero en que se metió al excarcelar a De Juana Chaos representa el síntoma más nítido de hasta qué punto es la banda la que marca los tiempos y el compás de ese «Proceso» que Zapatero ha convertido ya en el objetivo único de la legislatura:
Un año y tres muertos después del alto el fuego, la irresponsable debilidad del Ejecutivo ha colocado en las manos de los terroristas la potestad de acabar con él o aplicarle una mascarilla de oxígeno que alivie su asfixia política. Pero resulta ignominioso implorársela de este modo.
La retirada de acusación contra Arnaldo Otegi no sólo ha provocado su absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo, sino que ha sentado el precedente más diáfano para la impunidad que exige ETA para sus dirigentes y militantes.
Conde-Pumpido estaba predispuesto a esta decisión, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional presionó hasta lo intolerable para que fueran los magistrados quienes le hicieran el trabajo sucio de quitar de en medio este molesto juicio, por lo menos hasta después de que ETA emitiera el supuesto comunicado que habría de justificar el empeño de Zapatero por negociar con los terroristas.
Los jueces no se han plegado, han cumplido con su deber. La Audiencia no está para tonterías y ordenó la inmediata detención de Otegui y su traslado por la fuerza, después de que el líder batasuno se negase a viajar a Madrid alegando que habia «temporal».
Esto obligó al fiscal a asumir la plena responsabilidad de sus actos, con una retirada de acusación que es un escarnio a la Justicia, una ofensa a las víctimas y una conducta que merece una explicación en todos los ámbitos pertinentes.
Durante su declaración, que se inició a las 20:15 horas, Otegui negó haber enaltecido a ETA durante el homenaje ofrecido a la etarra muerta cuando preparaba una nueva bomba en Torrevieja (días antes había asesinado a una niña con otra bomba) y aseguró que se limitó a hacer un «discurso político».
A falta de acusación, retirada por la Fiscalía, a los jueces no les quedó más remedio que dejar a Otegi «irse de rositas».
El Gobierno socialista es el responsable directo de la decisión de Cándido Conde-Pumpido, y éste lo es de haber sumido a la Fiscalía en un desprestigio histórico, implicando a una institución creada para defender la legalidad en una estrategia política de un Ejecutivo y de un partido, permitiendo la impunidad de quien ya ha demostrado ser terrorista y está procesado por seguir siéndolo en grado dirigente.
El Gobierno ZP ya no puede decir que no ha pagado un precio político a ETA. En los últimos dos meses, urgido por la caída en picado de las encuestas, el Gobierno socialista se ha puesto de rodillas ante las exigencias de ETA.
Primero sacando a De Juana de la cárcel, después manteniendo la ambigüedad sobre el futuro de Navarra y, por último, de momento, obligando a la Fiscalía al surrealista, humillante, escandaloso papelón de exonerar a Otegui de sus cuentas pendientes con la justicia. Pero mientras más humilla la cerviz, más crédito pierde.
La forma en que el presidente ha conducido las cosas revela una alarmante pérdida simultánea de iniciativa y de pudor. A más presión, menos recato.
Con la bomba de Barajas, la banda dejó claro a Zapatero hasta qué punto estaba a merced de que otro atentado mortal hiciera saltar por los aires su mandato. Como escribe Camacho:
Los vergonzosos días de silencio en Doñana y el indigno ninguneo de las víctimas ecuatorianas delataron a un gobernante noqueado, incapaz de sobreponerse a la evidencia de que había extraviado el control de la situación… si es que alguna vez lo tuvo. Y ahora, consumada la vergonzosa genuflexión ante Otegui en la Audiencia, la previsible hoja de ruta apunta a una secuencia temporal en la que el Gobierno continúa dependiendo de la voluntad de los terroristas.
Gesto etarra, paso libre a las listas batasunas en las elecciones… y a esperar que antes de las generales la banda baje el siguiente escalón. Pero con esta política de apaciguadora mendicidad, la opinión pública está recibiendo demoledores mensajes de entreguismo que mantienen activa la «rebelión cívica» de millones de ciudadanos que sienten burlada la resistencia civil de todos estos años de sufrimiento.
La sensación de que existe un mapa oculto de compensaciones mutuas, cuyo cumplimiento se reserva discrecionalmente ETA a tenor de la marcha de los acontecimientos, se está imponiendo de forma demasiado inquietante.
Porque si algo ha quedado demostrado en este año de tregua irreal -una «tregua» con muertos, kale borroka e impuesto revolucionario- es que ETA no ha dejado en ningún momento de ser ETA ni de comportarse como se espera de ella. Y en cambio, el Gobierno sí ha renunciado a su obligatoria condición de defensor del orden, la legalidad y la justicia reclamada por cuatro décadas de sinrazón, dolor y sangre que de ninguna manera merecen un final a la medida de quienes los han provocado.
Es una infamia sólo puede dirimirse en las urnas y la ciudadanía no debe olvidar que este 27 de mayo tiene una buena ocasión para pronunciarse. Y en toda España.
