La Voz de Barcelona

“Tanto si esa ley se aprueba, como si en su aplicación se excede de la Constitución, este Gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución y acudirá al Tribunal Constitucional”. Con esta rotundidad se ha mostrado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), interpeleada por la congresista Rosa Díez (UPyD) sobre el Proyecto de Ley de Consultas Populares no Referendarias que está desarrollando el Parlamento autonómico de Cataluña a iniciativa de CiU.

La ley, con un redactado calculadamente ambiguo, pretende saltarse la jurisprudencia constitucional para que el Gobierno autonómico pueda convocar referendos sobre asuntos de los que no tiene competencia, tales como la consecución de un concierto económico para la Generalidad o, incluso, la supuesta independencia de Cataluña.

“Convertir el resultado de la consulta en un pulso al Estado”

“¿No cree el Gobierno que ha llegado la hora de que se actúe de forma que quede claramente establecido el principio de jerarquía del Estado?”, ha preguntado Rosa Díez a la portavoz del Gobierno. La dirigente popular ha respondido de forma “muy directa y muy clara”:

“Nuestra Constitución establece dos límites que las consultas populares autonómicas no pueden rebasar: en primer lugar, que las CCAA necesitan autorización del Estado para convocar referendos, y en segundo lugar, que las consultas populares no pueden exceder del ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma o de la corporación local. Por eso, tanto si esa ley se aprueba, como si en su aplicación se excede de la Constitución, este Gobierno cumplirá y hará cumplir la Constitución y acudirá al Tribunal Constitucional. Tribunal en el que, por cierto, está pendiente de recurso una ley de consultas referendarias que aprobó un gobierno [autonómico] socialista de Cataluña y que recurrió un gobierno socialista de la nación”.

Pero la líder de UPyD ha insistido. “En un país en el que la jerarquía del Estado estuviera clara, una ley similar a esta no tendría ningún problema, pero esto es España, y hay que leer este proyecto de ley a la luz de sus objetivos definidos claramente en su exposición de motivos, que dice, entre otras cosas, que el objetivo de la ley es, entre otros, poder pedir apoyo legislativo a un proceso de ratificación ciudadana de la propuesta de pacto fiscal. O sea, el objetivo de la misma es convertir el resultado de la consulta en un pulso al Estado”, ha señalado.

Y ha añadido:

“Hablemos claro, se utiliza la coartada, la utilizan los nacionalistas catalanes, de preguntar a la gente para saber su opinión -qué hay de malo en ello, que decía el lendakari Ibarretxe en aquel otro referendo- y le llaman consulta a lo que es un referendo plebiscitario. Y si, quien tiene la competencia, no les da la razón, ya está el conflicto servido. Una vez más, llaman a las cosas por los nombres que no son, llaman autodeterminación a la independencia, e independencia a la autonomía subvencionada por España”.

El proyecto es un “fraude de ley”, “una trampa” y “una fuente de conflictos”

Díez ha subrayado que “el Gobierno tiene la obligación de evitar que entren en vigor iniciativas que no tienen otro objetivo que confrontar legitimidades y chantajear al estado”. “Este proyecto de ley está basado en la deslealtad entre poderes, está redactado para encontrar los resquicios que le permitan cometer fraude de ley y vulnerar, por tanto, la Constitución. Es una trampa y una fuente de conflictos. A estas alturas, lo sabemos. Los nacionalistas son insaciables, lo hemos aprendido en carne propia, no hace falta insistir, son insaciables, pero no están locos“, ha sentenciado.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha reiterado el compromiso del Gobierno:

“Si esa ley se aprueba y vulnera nuestra Constitución, no tendremos ningún problema en hacerla cumplir a través del recurso al Tribunal Constitucional, en fraude de ley o en infracción directa de la ley suprema, que es la Constitución”.

Y ha finalizado apelando a la estabilidad y a la responsabilidad: “En este momento, el principal pacto fiscal que necesitamos es que todas las administraciones públicas cumplan sus objetivos de déficit para sacar adelante este país y para cumplir el principal objetivo que tiene que tener España y el conjunto de los representantes políticos, que es crear empleo y ayudar a mejorar el bienestar de todos los españoles, e iniciativas y amenazas como esas, en ningún caso benefician a la estabilidad”.