El Mundo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la que se condena al Estado español a poner en libertad a la etarra Inés del Río, por lo que la terrorista no será puesta en libertad.

Asimismo, el ministro ha asegurado que el Gobierno no va a pagar los 30.000 euros que debería entregar a la etarra Inés del Río en virtud de la condena ya que, en todo caso, se descontaría de la responsabilidad civil que tiene pendiente la terrorista de sus condenas.

En una sentencia conocida hoy, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la etarra Inés del Río Prada por aplicarle la ‘doctrina Parot’ de forma «retroactiva» y le ha instado a ponerla en libertad «en el plazo de tiempo más breve posible».

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar la Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, Fernández Díaz ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia ante la gran sala del TEDH, en el que pedirá que se suspenda la ejecución del fallo sobre la base de la «irreparabilidad» de la sentencia y el riesgo de fuga.

Fernández Díaz ha calificado de «absolutamente lamentable» que el tribunal europeo haya hecho pública la sentencia el mismo día en el que se cumple el quince aniversario del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Recurso ante la Gran Sala

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado en Santiago de Compostela que el Gobierno discrepa de la sentencia del tribunal, aunque respetando siempre las decisiones emitidas. Ha reafirmado que, sin agotar el plazo de tres meses, ha ordenado ya a la Abogacía del Estado recurrirla ante la Gran Sala «en el plazo más breve posible».

Asimismo, ha dicho que espera que no se suspenda la pena para evitar que la etarra salga de la cárcel y que el recurso que se va a interponer tenga un efecto suspensivo de la sentencia, informa Marcos Sueiro.

«El Gobierno va a intentar que no se produzca la excarcelación de la etarra condenada», ha señalado el ministro, al tiempo que ha precisado que entiende que «la interposición del recurso, al suspender la firmeza del mismo -del fallo-, debe suspender también la recomendación que en él se establece en cuanto a la puesta en libertad».

En particular, se ha referido al «riesgo de fuga» que existiría en caso de liberar a Inés del Río Prada, por lo que ha apostado por que «mientras se tramita el recurso ante la Gran Sala, no se produzca una excarcelación».

Se da la circunstancia de que quien fuera secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, Luis López Guerra, y en cuyo mandato el Tribunal Supremo estableció la ‘doctrina Parot’, es uno de los ocho magistrados del tribunal que ha condenado a España.

López Guerra, que también fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ocupó este alto cargo en el departamento que dirigía el ministro Juan Francisco López Aguilar. Posteriormente fue elegido como miembro del TEDH en octubre de 2007.

El PP advierte a Amaiur

También el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha insistido en que el Gobierno solicitará no ejecutar la sentencia y que la recurrirá ante la Gran Sala. En este sentido, Alonso ha advertido a Amaiur que «no se haga ninguna ilusión» sobre la ‘doctrina Parot’, porque «es constitucional y está en vigor».

Alonso respondía así a la satisfacción expresada por Amaiur tras conocer la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Igualmente, ha aprovechado para calificar de «indigna» e «inhumana» la actitud del diputado de Amaiur Mikel Xabier Errekondo negándose a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y del que se cumplen 15 años.

Alonso ha asegurado que su grupo pide al Gobierno que «tome nota» de esta actitud porque es una causa a añadir a un expediente de ilegalización.

El PSOE elude pronunciarse

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha eludido pronunciarse sobre la sentencia. En rueda de prensa en Ferraz, ha indicado que todavía no había leído la sentencia del TEDH y que sólo ha escuchado las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

«No he tenido la oportunidad de leer la sentencia todavía. Sí le digo que he escuchado las declaraciones del ministro de Justicia decir que respetaba la sentencia. Faltaría más. Y eso sí, anunciar un recurso, pues sencillamente esperar ese recurso», ha manifestado.

López es el segundo dirigente socialista que no ha querido opinar sobre la sentencia del Tribunal con sede en Estrasburgo cuando ha sido preguntado por los medios de comunicación. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, también ha asegurado que no la había leído cuando ha comparecido esta mañana en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara.

IU: ‘No se puede legislar en caliente’

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, cree que el Tribunal Europeo «ha desautorizado» a la Justicia española con un fallo que «pone en entredicho» la calidad de la democracia y demuestra que no se puede legislar «en caliente».

«El Derecho no puede ser nunca venganza», ha afirmado Coscubiela en una rueda de prensa en el Congreso.

El PNV, por su parte, considera la sentencia «un paso adelante» que, en palabras del portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, contribuye contribuyendo a un «modelo de convivencia democrática».

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que «habrá que cumplir» la sentencia, aunque ha precisado que estudiará si puede ser recurrida.

Tres meses para recurrir

La sentencia fijará el criterio del Tribunal Constitucional (TC) a la hora de resolver futuros recursos de amparo.

Así lo han indicado fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional que han recordado que la sentencia no resulta «vinculante» para el Estado español, por lo que en la práctica no supone que este tribunal tenga que llevar a cabo la excarcelación automática de la etarra.

En todo caso, al haber suscrito España el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las citadas fuentes han indicado que el Ministerio de Justicia estaría obligado a abonar la indemnización de 30.000 euros por daños morales impuesta por el tribunal, así como las costas procesales por importe de 1.500 euros.

No obstante, las partes personadas en el procedimiento, entre las que se encuentra la Abogacía del Estado en representación de España, tienen un plazo de tres meses para recurrir la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo antes de que ésta se convierta en firme.

La Gran Sala está formada por 17 jueces, entre los que se encuentran el presidente del Tribunal, los dos presidentes, los presidentes de las secciones y otros escogidos por sorteo. Este órgano es el encargado de revisar las sentencias de las secciones después de que un órgano denominado Colegio decida si admite o no a trámite la nueva toma en consideración del asunto.