La Voz de Barcelona

El Gobierno ha decidido plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia con el Ejecutivo autonómico del País Vasco por considerar que el decreto autonómico sobre prestaciones sanitarias aprobado por este el pasado 26 de junio contradice la legislación nacional establecida en el Real Decreto-ley de 20 de abril.

El Ejecutivo autonómico vasco pretendía evitar aplicar la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno hace tres meses, frente a la que siempre mostró su oposición, y estableció la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público ‘para todas las personas que residan en el País Vasco’, asegurando que estaban ‘amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera’.

En el momento en que el Alto Tribunal admita a trámite la impugnación del Gobierno, el decreto autonómico quedará automáticamente suspendido hasta que dicte una sentencia o prorrogue la suspensión, para lo que tiene un plazo de cinco meses.

‘Cuestiones que corresponden únicamente al Estado’

El Gobierno estima que el decreto autonómico ‘vulnera’ la nueva normativa nacional en cuanto a la regulación de la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias, por lo que pretende ‘garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible’.

Según el Gobierno, el Ejecutivo autonómico del País Vasco trata de ‘regular cuestiones que corresponden únicamente al Estado’, impidiendo la aplicación del citado Real Decreto-ley en esa Comunidad, lo que implica ‘la ruptura del principio de igualdad’. Y ha recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional ‘ha reservado las materias objeto de los preceptos impugnados a la competencia exclusiva del Estado‘.

En concreto, hace referencia a una sentencia de 19 de junio de 2012, en la que el Alto Tribunal señala lo siguiente:

‘En efecto, la definición de quiénes pueden considerarse asegurados y en consecuencia tener acceso al Sistema Nacional de Salud, así como las concretas prestaciones sanitarias que deben ser garantizadas a todos ellos, por integrarse en la cartera común, permite establecer un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, el acceso a la sanidad por parte de todos los ciudadanos incluidos en el ámbito subjetivo de la norma, con independencia de su lugar de residencia‘.

Recurso contra las medidas farmacéuticas de la Junta de Andalucía

De igual forma, el Consejo de Ministros ha solicitado al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de 13 de diciembre de 2011 de la Junta de Andalucía por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de esa Comunidad.

El Gobierno considera que la normativa autonómica de Andalucía también vulnera sus competencias en materia de legislación farmacéutica y sanitaria, al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos (en cuanto a formación de precios y a selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa estatal) careciendo de competencia para ello, y al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

Múltiples conflictos de competencias entre el Gobierno y las CCAA

En los últimos meses, los conflictos de competencias entre el Gobierno y algunas CCAA se han multiplicado. A finales de mayo, el Gobierno inició un procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta aprobado por el Parlamento autonómico de Cataluña, que ha entrado recientemente en vigor, por invasión de competencias. Lo sorprendente del caso es que la normativa se aprobó gracias a la abstención del PP catalán.

La Generalidad respondió a las pocas semanas anunciando que recurriría las medidas sanitarias del Gobierno por el mismo motivo, y unos días después hizo lo propio en relación a la reforma educativa, no así con las medidas de ámbito laboral. Finalmente, ambos ejecutivos, nacional y autonómico, acordaron darse una tregua y abrir un proceso negociador que se podría alargar varios meses.

Sin embargo, hace una semana, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), en base a un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, no descartó recurrir la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, una ley que la propia formación nacionalista había votado de forma favorable en el Congreso en abril.

Por otra parte, en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la Generalidad en varios conflictos de competencias relacionados con las subvenciones para servicios sociales, con las inversiones de las entidades locales, y con las ayudas a deportistas universitarios.