Esta cantidad se la reparten la Generalidad de Cataluña (97,9 millones de euros), la Generalidad de la Comunidad Valenciana (61,6 millones de euros), la Junta de Galicia (45,9 millones de euros) y el Gobierno autonómico de las Islas Baleares (31,2 millones de euros).
Partida de los presupuestos del Estado, enmarcada en la financiación autonómica, destinada a las CCAA con lengua cooficial para polÃticas de ‘normalización lingüÃstica’ (Fuente: Ministerio de EconomÃa y Hacienda).
Redacción
Miércoles, 27 de julio de 2011 | El Gobierno destina más de 236 millones de euros al año a la normalización lingüística del gallego, catalán y valenciano. Una partida de los impuestos de todos los ciudadanos españoles va destinada en exclusiva a las CCAA con lengua cooficial -excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común de financiación- con el fin de normalizar el uso de estas lenguas autonómicas.
En contra de lo que se defiende habitualmente, desde partidos y entidades nacionalistas de Cataluña, el Gobierno sí financia el uso y promoción de la lengua catalana, así como el de la gallega y la valenciana.
Cualquier hecho diferencial, para exigir dinero
El complicado, complejo y discutido modelo de financiación autonómico da para todo tipo de partidas, defendidas por los distintos gobiernos autonómicos. Así, cualquier hecho diferencial es defendido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como un valor a proteger y, por lo tanto, necesitado de financiación pública. Desde la dispersión poblacional a la insularidad, pasando por la lengua autonómica o la edad de los habitantes. Todo vale para prorratear el fondo común.
El modelo de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno y las CCAA en 2009 (en vigor), establece el pago de 236,85 millones de euros a las CCAA con lengua cooficial, además de la oficial en toda la nación, en concepto de ‘normalización lingüística’. Esta cantidad se la reparten la Generalidad de Cataluña (97,9 millones de euros), la Generalidad de la Comunidad Valenciana (61,6 millones de euros), la Junta de Galicia (45,9 millones de euros) y el Gobierno autonómico de las Islas Baleares (31,2 millones de euros).
Los más de 236 millones están dentro de la partida encuadrada como cantidades ‘adicionales’ en el fondo especial destinado a la sanidad, la educación y los servicios sociales. El cálculo no es exacto anual por lo que, según la fórmula, el próximo año (el modelo de financiación firmado en 2009 se alargará hasta 2013) puede variar la cantidad destinada a la ‘normalización lingüística’ en las CCAA con lengua autonómica.
El Gobierno, cumple
Uno de los argumentos utilizados por los partidos políticos y la entidades nacionalistas, a la hora de justificar el elevado gasto de la Generalidad en la promoción, uso e imposición del catalán -en determiandos ámbitos-, es que desde el Gobierno no se destina dinero para la llamada normalización lingüística del catalán. Sin embargo, desde el actual modelo de financiación autonómica queda demostrado que el Gobierno sí dedica parte de los impuestos -recaudados, lógicamente, en toda España- para las CCAA con lengua cooficial.
Una cantidad que se ve superada por los casos concretos de financiación para temas lingüísticos, que no figuran en la partida autonómica. Sin ir muy lejos, en enero, el Gobierno financió cursos de catalán para inmigrantes en Salt (Gerona). Además, (con datos de 2008) la Generalidad destina más dinero a promocionar el catalán que el Gobierno destina al Instituto Cervantes (centro que, por otro lado, promociona el uso del resto de lenguas españolas). Y, según un informe elaborado por UPyD, la cantidad que la Generalidad dedica a la política lingüística -en todas sus áreas, solo para el catalán- ronda los 2.400 millones de euros.
Así las cosas, el Gobierno cumple con la promoción y uso de las lenguas de España. No solo con la común y oficial en toda la nación. Las críticas -de entidades cívicas y partidos políticos- han recaído sobre la Generalidad por promocionar el uso única y exclusivamente del catalán, pese a que no es la lengua única y exclusiva de Cataluña.
