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Tolerancia cero contra los alcaldes nacionalistas que, una y otra vez, hacen oídos sordos a los requerimientos del Ejecutivo para que guarden y hagan guardar el orden constitucional en el País Vasco. Ésa será a todas luces la guía de actuación del nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, que, recogiendo el legado de su antecesor, el socialista Mikel Cabieces, está decidido a recordar a las corporaciones municipales que el «Estado de Derecho es permanente». «No hay excusas. Se va a velar por el cumplimiento de la legalidad, sin matices», señalan desde la legación que, en su primer mes de actividad desde que fue renovado el cargo de delegado tras el cambio en La Moncloa, ha abierto ya varios procedimientos administrativos contra los municipios «insumisos».

Sobre la mesa, una de las infracciones más habituales hace referencia a la Ley de Banderas que, según confirmó el Tribunal Supremo en 2009, establece que la enseña nacional debe ocupar un lugar preferente en el interior y exterior de los edificios públicos junto a la «ikurriña». Como ya publicó ayer este diario, tampoco tolerarán burlas al «espíritu de la legalidad» mediante la colocación de «placas» subversivas, como ocurre en la Diputación de Guipúzcoa.

«Ni una excusa más»
Los ayuntamientos «rebeldes», en su mayoría gobernados por Bildu y PNV, llevan años jugando una larga partida de ping-pong contra la Administración General, a cuyos requerimientos responden con evasivas y razones inverosímiles. «Nos dan largas con todo tipo de excusas: que si no tienen un lugar relevante donde colocar la bandera, que si el mástil estropea la fachada…», afirman desde la delegación en Vitoria. En muchos otros pueblos, incluidos algunos gobernados por el PSE —y hasta hacía poco, tres alaveses del PP—, se aducía que no había «tradición» de poner banderas, si acaso en las fiestas populares. De esa forma, los nacionalistas estaban dispuestos a renunciar a la «ikurriña» con tal de justificar su negación a la española. «No se va a pasar ni una más», defienden.

Con ese propósito, se ha ordenado a la Abogacía General del Estado la interposición de varios recursos-administrativos contra la inacción de alcaldías como la de Alegría de Orio, en Guipúzcoa, y Barrundia, en Álava; ambas gobernadas por la coalición Bildu. En ambos casos «se ha iniciado un procedimiento judicial después de que, transcurrido un mes de plazo, no consta que se haya cumplido con el requerimiento anterior», según explican desde la oficina de Urquijo. En el punto de mira también están corporaciones locales que, habiéndose constituido el pasado 11 de junio, incumplan la ley. Entre ellas, Lizarza, donde el nuevo equipo de Bildu retiró la rojigualda que izó la anterior alcaldesa, Regina Otaola, del PP.

Homenaje a Múgica
Por su parte, el grupo municipal del PSE en San Sebastián ha registrado una iniciativa en el Ayuntamiento para instar al «Gobierno de España» a que, de manera paulatina, acerque a los presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas, libere a los enfermos que lo pidan de manera individual y ayude a reinsertar a aquellos reclusos que muestren arrepentimiento por su pasado terrorista. El PSE pretende así llevar al pleno las demandas que trasladó el lendakari a Mariano Rajoy en su reunión en La Moncloa del pasado 27 de enero.

La iniciativa se conoció ayer, coincidiendo con el homenaje en el cementerio de Polloe al abogado y dirigente del PSE Fernando Múgica, asesinado por la banda terrorista ETA hace dieciséis años.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ramón Gómez Ugalde, manifestó su «rechazo absoluto» por una iniciativa que no incluye la petición previa de disolución de la banda ni hace mención expresa a las víctimas de ETA. «Es muy grave. El PSE es capaz de hacer el juego a Bildu pidiendo que se acerque al asesino de Múgica y eludiendo exigir antes a ETA que desaparezca», denunció Gómez Ugalde.