El siguiente paso en el desarrollo estatutario será la aprobación de la ley del Gobierno.
M. J. C.
09-02-2007-ABC
BARCELONA. El desarollo estatutario exigirá una ingente labor legislativa para el Gobierno catalán -en los próximos dos años se deben aprobar quince leyes, reformar otras doce y repasar toda la legislación relacionada con nuevas competencias, derechos y deberes-. Pero el Ejecutivo de José Montilla ha decidido comenzar por las iniciativas más inocuas, como es el caso de la ya aprobada Agencia Tributaria catalana, o más conflictivas, como la creación del Consejo de Garantías Estatutarias.
Éste órgano es una de las piezas claves de la arquitectura estatutaria, concebido como instrumento de blindaje del autogobierno catalán. Por este Consejo pasarán todas los proyectos legislativos estatales y autonómicos para su correspondiente convalidación. Sabedor de que se trata de un elemento básico del desarrollo del Estatuto, Montilla ha preferido no esperar a que el TC se pronuncie y dará prioridad a esa ley. Esta política de hechos consumados permitirá al tripartito interpretar una hipotética impugnación de ese Consejo como un ataque a las instituciones catalanas, con el conseguiente escándalo político.
El siguiente paso en el desarrollo estatutario será la aprobación de la ley del Gobierno, que permitirá regular un cargo inexistente hasta ahora, el de vicepresidente del Gobierno. Una figura que ni siquiera reconoce el Estatuto y que se creó para satisfacer a ERC en el reparto del poder tripartito.
El primer proyecto de ley aprobado por el Consejo Ejecutivo hace referencia a la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que no deja de ser un cambio nominal, pues Cataluña ya disponía de una dirección general de tributos. El artículo del Estatuto que contempla este órgano también está recurrido ante el TC.
