Sólo ha hecho falta que el PP llevara al Congreso una propuesta para reformar la actual Ley Orgánica de Educación -con el objetivo de garantizar la educación en castellano en toda España, incluidas las comunidades bilingües- para que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, tienda puentes a la Generalitat en este terreno.

JORDI BEDMAR Montilla visitó ayer los nuevos juzgados de La Bisbal d´ Empordà , acompañado por la consellera Montserrat Tura y la presidenta del TSJC, MarÃa Eugenia Alegre
I. ANGUERA
BARCELONA. Sólo ha hecho falta que el PP llevara al Congreso una propuesta para reformar la actual Ley Orgánica de Educación -con el objetivo de garantizar la educación en castellano en toda España, incluidas las comunidades bilingües- para que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, tienda puentes a la Generalitat en este terreno. Cabrera se estrenó en la pasada legislatura poniendo en serios aprietos al Gobierno catalán con su Decreto de enseñanzas mínimas, en el que se incluía la obligatoriedad de «al menos» tres horas semanales de clase de castellano. Decreto que ha sido recurrido por la Generalitat y que el tripartito catalán se ha negado hasta ahora a aplicar.
Sin embargo, ayer la ministra cambió de tercio para expresar su apoyo al modelo educativo catalán, esto es, al sistema de inmersión lingüística que convierte al catalán no sólo en lengua vehicular sino en casi única de los primeros cursos, para garantizar el aprendizaje de esta lengua, especialmente entre los niños que no la tienen como lengua materna. Cabrera hizo esta «cesión» en una entrevista a la cadena autonómica TV3, en la que también exigió, sin embargo, que la Generalitat cumpla con la tercera hora de castellano que el tripartito, por boca de ERC, rechaza frontalmente.
«No tengo ningún dato que me diga que ahora mismo los estudiantes catalanes tienen un nivel de conocimiento del castellano más bajo que los de otras comunidades autónomas» aseguró la ministra para explicar su apoyo a la inmersión lingüística.
Sin embargo, los puentes tendidos ayer por la ministra no parece que vayan a tener demasiada incidencia en un Gobierno tripartito que se niega en rotundo a aplicar la tercera hora, considerada en primer lugar como una invasión competencial y, sobre todo, como un ataque a la línea de flotación de esa inmersión lingüística que Cabrera asegura defender. Aunque el conseller de Enseñanza, Ernest Maragall, jugó en un principio con la posibilidad de aplicar el decreto, la oposición frontal de Esquerra, avalada en este caso por el president Montilla, le hizo desistir del intento.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado julio a la Generalitat la aplicación «estricta» del decreto a partir de este curso, mandato que la Generalitat ha incumplido de nuevo, a la espera de aprobar este año la Ley de Educación catalana, en la que ya se ha introducido el blindaje competencial necesario para evitar el mandato gubernamental.
El decreto obliga a dar al menos tres horas lectivas de castellano en los dos primeros cursos de Primaria. Sin embargo, la tónica es que los centros públicos catalanes impartan únicamente 140 horas de Lengua Castellana, lo que no permite cubrir la tercera hora semanal. Así lo constató el propio TSJC en su resolución del pasado mes de julio.
La propuesta del PP
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que la propuesta educativa de su formación «es un proyecto basado en la calidad y en la libertad» y añadió que su partido quiere «que los padres y las madres sean los verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos», garantizando su derecho a escoger la lengua de primera escolarización, así como el centro escolar y una educación «adecuada a sus convicciones morales».
Sánchez-Camacho consideró fundamental el derecho de elección del centro y recalcó que el PPC no desea «que se hagan trampas de falsos empadronamientos» y que para ello proponen que «Cataluña se convierta en zona única». La presidenta del PPC, que ayer presentó la propuesta educativa de su partido, explicó que este texto alternativo a la Ley de Educación del Govern quiere recuperar el papel del profesor «reconociendo el rango de autoridad pública y dándole capacidad para imponer orden en la aula».
Subrayó además la necesidad de recuperar el valor del mérito y el esfuerzo: «Queremos ayudar a los alumnos que no puedan llegar al nivel exigido, pero sin ceder en la exigencia de unos estándares de calidad». En este sentido, recordó que la tasa de fracaso escolar catalana ya supera la media española y concluyó que «un tripartito que no sabe gobernar, es imposible que sepa educar».