Moncloa invoca los Estatutos recurridos para justificar la ruptura del modelo de financiación.
22-09-2007-ABC
Presupuestos a la carta, pero sólo para algunos privilegiados. En concreto, para las Comunidades más avispadas que han incluido en su nuevo Estatuto de Autonomía el dinero que tiene que invertir el Estado en su territorio. Primero fue Cataluña, al aceptar el presidente del Gobierno la inversión del 18,8 del total del fondo para infraestructuras, lo mismo que aporta al PIB y que es la cantidad fijada por su Estatuto.
Después, tras otra negociación bilateral entre el «Gobierno de España» y el «Gobierno andaluz», Zapatero dio el visto bueno a una financiación del 17,8 por ciento en Andalucía, que celebra elecciones autonómicas en marzo, y que también fijó en su Estatuto renovado una nueva financiación en función de su población.
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, justificó ayer el trato de favor que han recibido tanto Cataluña como Andalucía en su financiación porque, según subrayó, la inversión está incluida en sus nuevos Estatutos, aprobados en las Cortes Generales, pero que -y esto no lo dijo- se encuentran recurridos ante el Tribunal Constitucional. «En ambos viene un concepto determinado que hay que aplicar».
En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2008, Solbes expresó su «extrañeza» por que se hable de «discriminación» de unas regiones respecto a otras, cuando las cifras concretas de cada una «todavía no se conocen». «Yo no las tengo todavía estudiadas.
Tengo lo que me han pasado en los papeles gruesos y me voy a meter con ello este fin de semana». El vicepresidente segundo también recordó que hay una norma general, la Lofca, «que tendrá que modificarse para ir a un modelo coherente».
Población o PIB
El «privilegio» de Andalucía y Cataluña, sin embargo, puede demostrarse con una simple comparación. Cataluña y Andalucía optaron en sus Estatutos por el criterio que les reportaba más beneficio a la hora de fijar su financiación. Así, Cataluña se llevará el 18,8 por ciento de las inversiones porque aporta esa cifra al PIB nacional; y Andalucía obtendrá un 17,8 por ciento porque es el porcentaje de la población andaluza en España.
En 2008 obtendrán entre las dos el 36,6 por ciento del total de inversiones del país, una cifra que evidentemente es superior (ver gráficos) a la que se llevarían en caso de que su criterio fuera el mismo. Si ambas utilizaran el criterio andaluz (el de la población), obtendrían el 34,7 por ciento de las inversiones. Y si, en cambio, usaran el baremo del porcentaje que aportan al PIB nacional, recibirían el 32, 5 por ciento de las inversiones. Pero el criterio es distinto, y así las que pierden son el resto de comunidades autónomas.
Zapatero augura «sorpresas»
Sin embargo, el presidente del Gobierno, en una entrevista a RNE, auguró «sorpresas» en los Presupuestos, y avanzó que la Comunidad Valenciana «va a estar en el ránking de las que más crecen», gracias otra vez al AVE. Además, Castilla y León tendrá una inversión ferroviaria de unos 1.000 millones de euros. El tren de alta velocidad pasa por allí camino del País Vasco y las vías hay que hacerlas. Esa es la trampa.
María Teresa Fernández de la Vega defendió que «el Gobierno ha aumentado mucho las inversiones esta legislatura en todas las comunidades, sin excepción y cuidando los principios de igualdad y solidaridad».
Madrid y Valencia, de momento, no comparten en absoluto esa opinión de la portavoz.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer a tres nuevos traspasos a Cataluña para «profundizar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía». Así, el Gobierno de Zapatero transfiere al Ejecutivo de José Montilla la gestión del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, la declaración de utilidad pública de las asociaciones y fundaciones que desarrollen su actividad en Cataluña y las ayudas comunitarias a determinadas organizaciones de agricultores. Para el desarrollo de estas funciones, el Gobierno traspasa a la Generalitat un coste efectivo de 61.097,71 euros.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado conceder 20 millones de euros para instituciones culturales de Barcelona, como el Auditorio, la Fundación Miró, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el teatro Lliure, el Festival Grec, el Centro de Diseño o el edificio Fórum.
