Una de las cuestiones más hirientes del presente político en España es la arbitrariedad con la que ciertos poderes autonómicos han decidido postergar al castellano, lengua oficial del Estado, a favor de los idiomas autóctonos –catalán, gallego, vasco–, que son cooficiales según la Constitución vigente, pero no por ello excluyentes –aunque sí de hecho— de la lengua oficial estatal.
Lorenzo Contreras
La alternancia en el poder político siempre es saludable. Se trata de una estimación obvia, pero es bueno recordarla o actualizarla. Una de las cuestiones más hirientes del presente político en España es la arbitrariedad con la que ciertos poderes autonómicos han decidido postergar al castellano, lengua oficial del Estado, a favor de los idiomas autóctonos –catalán, gallego, vasco–, que son cooficiales según la Constitución vigente, pero no por ello excluyentes –aunque sí de hecho— de la lengua oficial estatal. Pues bien, la victoria electoral del PP en Galicia ha planteado el «restablecimiento» de la obligada prescripción constitucional, devolviendo al castellano, o español, el lugar que desde siempre, hasta el desventurado acceso del bipartido PSG-BNG (socialistas más nacionalistas del llamado Bloque) a la Xunta gobernante, le correspondía.
La Galicia mayoritariamente castellano-hablante se volverá a sentir en su ambiente natural lingüístico, sin perjuicio del cultivo del gallego, que ha resplandecido literalmente con Rosalía de Castro y Castelao valores-estrella, pero que brilló con parecida intensidad en la producción de autores cuya mención es por completo innecesaria de puro conocidos, celebrados y exaltados en justicia.
Ahora bien, lo que en Galicia entra en vías de normalidad para el castellano, la lengua oficial del Estado (no se olvide) tan practicada y querida por la mayoría de los gallegos, que le han dado gloria a través de escritores de renombre, sigue siendo en Cataluña un problema de primera magnitud. Un problema sin aparente solución a la vista, con una prevalencia del catalán que resulta injusta cuando liquida la cooficialidad y relega al castellano a la condición de lengua secundaria y prácticamente extranjera.
Desde el punto de vista lectivo, la situación es sangrante. El español como idioma ha quedado reducido a una asignatura para la que se reserva solamente dos horas semanales, con una enseñanza inicial sólo a partir de la edad de nueve años. Esto significa que la población castellano-hablante de Cataluña ha perdido el derecho (contra toda norma, incluida la Constitución) de que sus hijos estudien y se eduquen en su lengua materna. Y ya aludimos a norma, valga recordar que ese derecho del hablante en español ha sido reconocido por la Unesco y por Unicef, así como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde que hace algunos años dictó cuatro sentencias favorables al derecho de los padres a la escolarización de sus hijos en la lengua de su elección. Sentencias que, por cierto, fueron confirmadas por el Tribunal Superior el 12 de diciembre del 2008. La desobediencia de la Generalidad ha sido hasta ahora total. Por si la citada normativa no bastaba, existe un informe de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de este mismo año 2009, que a instancia del Partido Popular Europeo (PPE) defiende el derecho de los padres en el sentido antes indicado. Una cláusula del informe reclama de los Estados miembros de la UE la garantía de que ningún escolar puede ser privado de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado correspondiente.
¿Qué ocurre? Aparte de la flagrante desobediencia o ignorancia de cualquier recomendación o exhortación, no sólo ya de la mismísima ley como se sabe, han surgido enmiendas en el Parlamento europeo contra el informe de referencia, enmiendas que por cierto han prosperado a trámite. Enmiendas entre cuyos firmantes o autores, aparte de los nacionalistas de CiU, PNV, Iniciativa per Catalunya-Verdes, figura, por supuesto, el PSOE. Sí, ese partido que no sólo dejó de ser obrero y socialista en el sentido ortodoxo del término, sino además ?a la prueba de conveniencia cabe remitirse- español. El próximo 26 de marzo, en la Eurocámara, se votará el citado informe, que no será vinculante aunque se le reconozca valor político. Sin comentarios. Sólo recuerdos a Montilla y ZP.
