Los populares ya advirtieron en su día de que emprender esa reforma era algo, no sólo innecesario, sino consecuencia de una pugna nacionalista muy alejada de los intereses de los ciudadanos.
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
09-08-2007-ABC
BARCELONA. El nuevo Estatuto estaba llamado a ser, según sus promotores, la panacea que curaría todos los males catalanes. Pero un año después de su entrada en vigor, la transferencia del servicio de Cercanías de Renfe no se ha concretado todavía, las inversiones del Estado en Cataluña no han aumentado y todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo modelo de gestión del aeropuerto de El Prat.
Todas estas previsiones están incluidas en el texto estatutario, excepto el traspaso aeroportuario, que quedó fuera de los acuerdos entre CiU y PSOE y que hoy constituye precisamente una de las principales reclamaciones de la sociedad civil catalana. Pero la negativa del PSOE a cumplir su parte del acuerdo, así como la falta de firmeza del Ejecutivo de José Montilla en este sentido, ha colocado el texto catalán en un absoluto bloqueo en lo que respecta a su núcleo duro.
Doce meses después de su publicación en el BOE, todos los partidos catalanes se han sumado a la polémica pregunta del ex presidente de la Generalitat y principal impulsor del «Estatut», Pasqual Maragall: «¿Valió la pena tanto esfuerzo?».
Para el PP, la respuesta siempre ha sido «no». Los populares ya advirtieron en su día de que emprender esa reforma era algo, no sólo innecesario, sino consecuencia de una pugna nacionalista muy alejada de los intereses de los ciudadanos. Esa pugna se saldó con un texto que, pese a la criba aplicada en el Congreso, mantiene visos de inconstitucionalidad que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del PP catalán, Daniel Sirera, cree que los catalanes tienen ahora más problemas que antes de la entrada en vigor del Estatuto. «Nos han vendido que se acabarían los problemas y no es verdad, nos engañaron», afirma. En su opinión, en el último año se han planteado más conflictos de competencias que nunca -ley de dependencia o el decreto de Educación Primaria, entre otros-, pese a la coincidencia de color político de los gobiernos español y catalán. El líder del PPC confía en que el Constitucional se pronuncie lo antes posible para garantizar la seguridad jurídica de un texto en el que ni los propios socialistas catalanes confiaban.
En efecto, Montilla nunca fue un entusiasta de la reforma estatutaria pues siempre fue consciente de que cuestiones como la «nación catalana», el blindaje competencial o las relaciones bilaterales entre Estado y Generalitat levantarían ampollas en determinados sectores del PSOE.
Promesas incumplidas
José Luis Rodríguez Zapatero prometió fidelidad al texto que saliera del Parlamento catalán y convertirlo en patrón de su modelo de España federal, pero lo hizo cuando todavía estaba en la oposición. Una vez investido presidente, el líder socialista soportó el baño de realidad que le dio su propio equipo, encabezado por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, firme defensor de que todo aquello que afecta a la financiación autonómica se haga de forma multilateral y después de las elecciones generales de 2008. Tras el fracaso de su política antiterrorista, Zapatero quiere evitar el coste electoral que supondría conceder a Cataluña las inversiones que contempla la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto. En su reciente visita a Cataluña, el presidente aseguró que en los Presupuestos de 2008 se concederá a esta comunidad una partida equivalente a su PIB (18,8%), pero ya nadie se fía de las promesas del jefe del Ejecutivo.
«La aplicación que se ha hecho del Estatuto en Cataluña es una estafa», asegura el diputado de CiU y ponente del Estatuto, Francesc Homs. A su juicio, supone una paradoja el hecho de que sea el tripartito el encargado de aplicar un texto que provocó hace un año la ruptura del pacto y la expulsión de ERC del Gobierno catalán. Los republicanos creen que el tiempo les ha dado la razón y temen un nuevo recorte del «Estatut». Aunque por razones diferentes a las del PP, la formación independentista cree que «ha quedado demostrado que este texto no sirve para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos», aseguró Joan Ridao, en referencia al colapso en las infraestructuras.
Agencia Tributaria
Ante este pesimismo generalizado, el Gobierno catalán promete firmeza y se encomienda a la comisión bilateral de traspasos Estado-Generalitat, donde tampoco ha habido avances significativos. Los socialistas asumen que la reforma de las treinta leyes orgánicas necesaria para desarrollar el Estatuto -entre ellas la de financiación y la del Poder Judicial- va para largo y sólo les queda haber aprobado la creación de una Agencia Tributaria, cuyas competencias aún han de ser ampliadas.
