La metáfora del elefante en la cacharrería, muy expresiva dado el contraste existente entre el tamaño monumental del proboscidio y la fragilidad de platos y soperas, lo es también porque en las cacharrerías los elefantes, salvo que se dediquen al comercio minorista, están fuera de su medio. Y todo animal, ¡humano o no! (respetemos al Consello da Xuventude), puesto en un lugar que desconoce suele provocar grandes destrozos.
Roberto L. Blanco Valdés
La metáfora del elefante en la cacharrería, muy expresiva dado el contraste existente entre el tamaño monumental del proboscidio y la fragilidad de platos y soperas, lo es también porque en las cacharrerías los elefantes, salvo que se dediquen al comercio minorista, están fuera de su medio. Y todo animal, ¡humano o no! (respetemos al Consello da Xuventude), puesto en un lugar que desconoce suele provocar grandes destrozos.
El Consejo de Europa, por ejemplo. El viernes supimos por La Voz que ese animal (humano, desde luego) ha expresado varios juicios de valor sobre el grado de cumplimiento en Galicia de lo previsto en la Carta Europea de las Lenguas Regionales: el Consejo critica acerbamente la que considera casi nula presencia del gallego en el mundo judicial, pero elogia, al mismo tiempo, las galescolas y el último decreto sobre el gallego en la enseñanza.
Es difícil encontrar un documento que aúne tanta ignorancia y tantas ganas de meterse en camisa de once varas.
¿Es escasa la presencia del gallego en la esfera judicial? Sin duda, aunque tal afirmación debe ser matizada de inmediato: hay una realidad que no sale en los papeles (la de los cientos de gallegohablantes que son atendidos, realmente, en su lengua en muchas actuaciones judiciales), y otra que debe tenerse en cuenta al hablar del gallego en el sistema judicial: que ese sistema es único en España y que muchas actuaciones judiciales que se inician en regiones con lengua autóctona acaban luego en tribunales servidos por jueces que no conocen, ni tienen por qué, las lenguas regionales. Tenemos una lengua común y no parece que esa gran ventaja social (¡que se lo digan si no a belgas y suizos!) sea una patología que erradicar.
En todo caso, es cierto, como afirma el Consejo, que debería mejorarse el respeto a los derechos de los gallegos hablantes en el mundo judicial. Lo que no se entiende es que quien tal cosa postula se muestre, paralelamente, satisfecho de que el castellano haya sido prácticamente eliminado (galescolas) o reducido a la irrelevancia (decreto del 50%) en la enseñanza. Esos dos juicios son contradictorios, salvo que el Consejo haya asumido el credo nacionalista según el cual en Galicia hay una lengua propia y otra ajena. De ser el caso, alguien debería informar a sus portavoces de que la primera norma que vincula a las autoridades españolas (la Constitución) fija un modelo de cooficialidad lingüística que, ciertamente, no se respeta como debiera en el mundo judicial, pero que no se respeta en absoluto en la vida institucional gallega y en su sistema de enseñanza, donde el castellano está camino de desaparecer. Lo que, al parecer, al Consejo de Europa le parece una gran cosa.
