No continuará hasta que se resuelva la recusación de la Generalitat contra Rodríguez-Zapata.
F. Velasco / C. M.
07-03-2007-La Razón
Madrid- La decisión sobre si el Estatut de Cataluña se ajusta a la Constitución ha sufrido un nuevo parón. La decisión de la Generalitat de recusar al magistrado Jorge Rodríguez-Zapata ha tenido como consecuencia directa e inmediata que el Tribunal Constitucional decidiese ayer suspender la tramitación del recurso que interpuso el Partido Popular contra la reforma estatutaria de Cataluña.
Esta situación se mantendrá hasta que el Alto Tribunal resuelva el incidente de recusación, para el que ha sido nombrado ponente el magistrado Pascual Sala, que será quien tenga que presentar una propuesta de admisión a trámite del mismo o inadmisión de plano.
Si se admitiese a trámite, el inicio de los debates sobre el recurso del PP se retrasaría todavía más, ya que, en ese caso, habría que dar traslado a las partes para que informasen sobre la pretensión de la Generalitat de apartar al citado magistrado.
La actuación del Gobierno de José Montilla se produjo después de que el Alto Tribunal apartase a Pablo Pérez-Tremps del debate sobre el recurso contra el Estatut y justificaba su petición en que Rodríguez-Zapata elaboró un informe en 2003, por encargo de la Fundación Pi i Sunyer, que se publicó en un libro sobre desarrollo autonómico.
Por otro lado, en relación a la propuesta aprobada en la Comisión Constitucional que parece hecha «ad hoc» para evitar que María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, abandone su puesto el próximo mes de junio -con el debate sobre los recursos contra el Estatuto de Cataluña abierto en canal y con un reparto de fuerzas supuestamente inclinado a favor de las tesis más contrarias a la reforma estatutaria, lo que da mucha importancia al voto de calidad de Casas-, provocó ayer una reacción airada del principal partido de la oposición y aplausos de los nacionalistas catalanes.
«Cacicada inaceptable». En estos términos se refirió a la reforma el secretario general del PP, Ángel Acebes, mientras que el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró que el Gobierno y el PSOE «se han quitado definitivamente la careta dentro de este proceso de deterioro acelerado de las instituciones democráticas que han emprendido».
«Es una cacicada para intentar una vez más el control de las instituciones sin ningún tipo de consenso», explicó Acebes.
Por su parte, la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, aseguró ayer, en declaraciones a Efe, que la enmienda aprobada por el Congreso no le afectará a ella ni al actual vicepresidente « porque la ley no entrará en vigor hasta después de nuestro mandato».
