La Voz de Barcelona

El desacato a los tribunales empieza a ser una tradición en Cataluña. Si primero fueron los máximos responsables de la Generalidad los que aseguraron que no piensan cumplir las sentencias del Supremo y del Constitucional que obligan a restablecer el bilingüismo escolar, ahora es un pequeño municipio de la comarca del Maresme, San Pol de Mar, el que se niega a obedecer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en este caso, también relacionada con la discriminación lingüística.

Los hechos se remontan a julio de 2008, cuando el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa aprobó el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en cuyo artículo 5.1 se establecía que ‘toda la documentación municipal será redactada en catalán’. Esto llevó al entonces concejal Enrique Abad (no adscrito a ninguna formación) a recurrirlo ante el TSJC por considerar que se trataba de una imposición de uno de los idiomas oficiales de Cataluña como lengua única del Consistorio.

Tres años de proceso judicial

El tribunal estimó el recurso y suspendió ese apartado del reglamento municipal de forma cautelar en octubre de 2009. Decisión que reiteró en junio de 2011 y que confirmó de forma definitiva en septiembre pasado. En su argumentación, el TSJC advirtió de que ‘una cosa es que el catalán sea la lengua de uso normal de las administraciones públicas, en cuanto a lengua propia de Cataluña, y otra distinta que se excluya totalmente el uso de la otra lengua cooficial‘.

En una primera instancia, el Ayuntamiento de San Pol aprobó en julio modificar el artículo del reglamento, tal y como ordenaba el TSJC. Sin embargo, posteriormente, el pleno municipal celebrado el 26 de septiembre ha rectificado y ha rechazado acatar la sentencia. Los dos concejales de ICV-EUiA, el de ERC y dos independientes, votaron a favor de desobedecer al TSJC; cuatro regidores de CiU y un independiente, se abstuvieron; mientras que únicamente el concejal del PP, un independiente y otro de CiU se posicionaron a favor de aceptar la sentencia.

Anuncian medidas legales contra el Consistorio

En el mismo pleno, CiU, ICV-EUiA, ERC y los regidores independientes (esto es, todos menos el PP), aprobaron una moción de apoyo al sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria que prohíbe el uso del español como lengua vehicular en los colegios junto al catalán, y mostraron su rechazo a las sentencias a favor del bilingüismo escolar.

Tanto Abad como Convivencia Cívica Catalana, promotores del recurso inicial, han anunciado que emprenderán las medidas legales oportunas para acabar con la desobediencia del Ayuntamiento ante los tribunales de Justicia. Este proceso crea un precedente de cara a otros casos similares, como los reglamentos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de las diputaciones de Lérida y Gerona, que también están parcialmente suspendidos de forma cautelar por excluir el castellano.