En esta legislatura se han aprobado cinco nuevos estatutos y todavía hay tres en el aire, aprobados por los Parlamentos Autonómicos pero sin el «sí» definitivo del Congreso y el Senado.
ELENA PALOMARES
16-09-2007-ABC
MADRID. Comienza el curso político con la legislatura del PSOE casi agotada y el futuro panorama de la «España plural» de Zapatero no tiene un desenlace fácil ni cercano. Hay un gran colapso en la resolución de los recursos a los estatutos ya aprobados y el Gobierno, según declaró la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega a finales de agosto, no tendrá tiempo de sacar adelante ninguno de los que están en discusión en el Congreso hasta después de las elecciones, lo que ha levantado ciento revuelo en la Comunidades más afectadas.
En esta legislatura se han aprobado cinco nuevos estatutos (Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía y Baleares) y todavía hay tres en el aire, aprobados por los Parlamentos Autonómicos pero sin el «sí» definitivo del Congreso y el Senado, (Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León). Mientras los diputados se ponen de acuerdo respecto al Estatuto Canario, que está taponando las negociaciones sobre el resto, y el Tribunal Constitucional da una respuesta a los recursos que ya hay sobre la mesa, el tiempo pasa y el Gobierno del PSOE, que ha propiciado las reformas estatutarias, puede agotarse.
Derogación de leyes
Los Estatutos aprobados hasta ahora están quedando en agua de borrajas. Es difícil, casi imposible, llevar a cabo reformas para las que es necesario renovar leyes orgánicas si el tiempo apremia. El pasado mes de agosto se cumplió un año de la entrada en vigor del estatuto catalán, sin que por el momento se hayan hecho avances significativos en su desarrollo. Cuestiones como la financiación autonómica o la descentralización del poder judicial, que configuran el núcleo del texto, están recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero el auténtico bloqueo de Estatuto se debe a las reticencias del PSOE.
A pesar de que los gobiernos español y catalán comparten el mismo color político, en las comisiones bilaterales Estado-Generalitat encargadas del traspaso de competencias apenas se ha avanzado. Sólo se ha materializado la transferencia del cuerpo de notarios y ahora comienza a vislumbrarse el posible traspaso del servicio de Cercanías de Renfe, de ordenación del litoral o del hospital Clínico, aunque no hay fechas para realizarlo.
Para desarrollar el nuevo Estatuto catalán será necesario reformar una treintena de leyes orgánicas, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), pero el Gobierno del PSOE no quiere que estos cambios coincidan con la campaña de las próximas elecciones que ya están cercanas.
Mientras, el Gobierno catalán alega, en contra del recurso del PP, que hay otras seis comunidades autónomas que han emprendido reformas muy similares a la catalana con el consentimiento de los populares. El PP considera que la diferencia principal estriba en el concepto de bilateralidad que impregna todo el Estatuto catalán. La Generalitat, sin esperar a que el TC resuelva el recurso, intenta impulsar el texto con la aprobación de proyectos como la Agencia Tributaria Catalana, que incluso va más allá de las previsiones estatutarias y con la que se pretende gestionar en el futuro todos los impuestos que se recaudan en Cataluña.
Superando los escollos que se plantean de la materialización del «Estatut» todavía no es plenamente firme puesto que tiene siete recursos interpuestos (El del PP, el Defensor del Pueblo, Valencia, Baleares, Murcia, La Rioja y Aragón).
Problemas tributarios
Cataluña no es la única comunidad que ha tenido rencillas por los asuntos tributarios acogidos en los nuevos estatutos. El presidente del Gobierno y el jefe del ejecutivo balear, Francesc Antich, acordaron que los Presupuestos Generales del Estado de 2008 tuvieran una o varias partidas destinadas a la mejora de la financiación de Baleares, según consta en el nuevo Estatuto balear, que cuenta con el apoyo de los populares. Esto ha provocado el enfado de los nacionalistas catalanes que consideran que los recursos a su estatuto de Cataluña se basan en los mismos presupuestos aceptados en el Estatuto de Baleares.
El Gobierno Valenciano tampoco acepta que el Partido Popular hubiera apoyado un sistema de reparto tributario en el Estatuto andaluz que, contradictoriamente, había recurrido en el catalán.
Algo con lo que los andaluces no están de acuerdo alegando que Andalucía recibirá su parte de los Presupuesto del Estado según sus habitantes y Cataluña en función de su aportación al PIB, y ambas modalidades no tienen nada que ver. El Constitucional zanjó el asunto con la denegación del recurso de Valencia afirmando que se trataba de un alegato «extravagante». Pero aún así, el Estatuto Andaluz todavía debe superar las zancadillas por la gestión del Guadalquivir que le ha puesto el Gobierno extremeño.
La guerra por el agua
La batalla por el agua centra los recursos al Estatuto de Valencia, al de Aragón y al de Andalucía. Tanto Valencia como Murcia, en constante déficit de recursos hídricos, están a favor de los travases del Tajo y del Ebro pero los Estatutos de Castilla-La Mancha y Aragón se atrincheran en contra.
La nueva norma aragonesa no da lugar a un futuro trasvase del río Ebro y además se dota de una reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para uso exclusivo de Aragón.
Sus exigencias rebajaría en gran medida el caudal de agua en la desembocadura del río. Esto originó un nuevo recurso del Gobierno riojano a la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, al entender que realiza invasiones de las competencias del Estado y de La Rioja en gestión del agua.
Por su parte, el Estatuto valenciano, que «reconoce el derecho de la región a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias», no es aceptado por aragoneses y por castellano-manchegos, ya que creen que esta fórmula facilita a los valencianos los trasvases del Tajo y del Ebro, joyas de la corona autonómica por la que ambas comunidades recurrieron el estatuto de Valencia.
La «guerra estatutaria» es grave y profunda entre comunidades. Pleitean entre sí para negar reformas que aprueban en sus propios estatutos. En el caso del agua del Guadalquivir, según su estatuto reformado, Andalucía «ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico». Extremadura y Valencia intentan impedirlo formalizando recursos contra esta nueva situación, que va en contra de sus necesidades.
Un pacto de intereses
Poca luz arroja este panorama salvo la que aporta la Federación Nacional de Asociaciones de Regantes que proponen la creación de un gran pacto entre todas la comunidades para que no se rompan los ríos en tramos de propiedad exclusiva. Para la comunidad de regantes todas las comunidades por las que discurre el río pueden hacer reivindicaciones justificadas en el reparto de un recurso tan necesario como el agua, pero la última palabra en su administración la debe tener el Estado, por lo que proponen que se mantenga un sistema similar al actual que se basa en las cuencas hidrográficas usado desde 1970 para la planificacióndel uso del recurso.
En el tribunal todavía hay «cola estatutaria». El primero que deberá resolverse será el estatuto de Valencia, que fue el primero que se aprobó por el Congreso. Después se dirimirá el de Cataluña, sin el voto ni la opinión del magistrado Pablo Pérez, Tremps, quien realizó un informe sobre el mismo por el que no podrá pronunciarse.
Si la situación de los estatutos que continúan en en Congreso no se resuelve antes de que acabe la legislatura porque no se cumplen todos los trámites para la aprobación la reforma, significaría que los Parlamentos autonómicos deberían comenzar de nuevo todo el proceso después de las elecciones.
Los estatutos reformados están recurridos en el Tribunal Constitucional, y los que permanecen en el Congreso, en proceso de aprobación, parece que no saldrán adelante hasta después de las elecciones.
